CNDH solicita al gobierno de Chiapas medidas cautelares a favor del activista Cristóbal Sántiz

Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Foto: Alejandro Saldívar Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Foto: Alejandro Saldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Chiapas medidas cautelares a favor Cristóbal Sántiz Jiménez, privado de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El Amate”, luego de que el pasado viernes 20 presentó una queja ante el organismo por abusos cometidos durante su detención e internamiento.

De acuerdo con la queja, Sántiz Jiménez “manifestó que al momento de su detención fue objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, por personal de la Fiscalía del estado de Chiapas; así también, que no recibió atención médica y psicológica oportuna”, además de que pidió su traslado al CERSS número 5, con sede en San Cristóbal de las Casas, municipio donde vive su familia.

La CNDH reconoció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas está dando seguimiento a una queja, pero como organismo nacional determinó emitir medidas cautelares “respecto de actos u omisiones que pudieran constituir violaciones a derechos humanos de la víctima, entre ellos la protección a la vida, a la integridad, seguridad personal y la salud”.

En su comunicado la CNDH omitió señalar que Cristóbal Sántiz Jiménez, indígena tzotzil, es defensor comunitario y representante de la Comisión Permanente de Pueblos Comuneros y Desplazados –detenido el sábado 14–, que estuvo incomunicado cinco horas y que la Fiscalía General del estado informó a medios de comunicación que pesaban sobre él acusaciones por presunto homicidio calificado.

Después de su arresto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger la vida, seguridad e integridad del defensor y de su familia,

Sobre este caso, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) recordaron que, luego de tres décadas de conflicto territorial, Sántiz estuvo presente en la firma de los Acuerdos de Paz entre las comunidades de Aldama y Chenalhó, el 4 de junio del año pasado.

Las organizaciones internacionales resaltaron que tras los acuerdos se desató una nueva escalada de violencia, por lo que Sántiz Jiménez denunció “las omisiones del Estado mexicano”, por lo que ha recibido amenazas por parte de agentes estatales y de un grupo de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó.

En una acción urgente con fecha 20 de marzo, las organizaciones internacionales exigieron la liberación “incondicional e inmediata” de Cristóbal Sántiz Jiménez; acabar con la criminalización y persecución y dar garantías a los defensores de derechos humano; investigar las violaciones a derechos humanos de las que el defensor indígena fue víctima, así como realizar una investigación sobre los abusos contra las comunidades de Aldama para “poner fin a la violencia generalizada en el territorio y asegurar que las familias desplazadas forzosamente puedan volver a sus tierras”.

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