Expertos piden visibilizar a niños y adolescentes ante crisis por Covid-19

La modificación del ciclo cicardiano podría afectar el regreso a las actividades normales. Foto: Yahir Ceballos La modificación del ciclo cicardiano podría afectar el regreso a las actividades normales. Foto: Yahir Ceballos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Expertos en derechos de la infancia y la adolescencia alertaron sobre los riesgos de ahondar la situación de vulnerabilidad de las personas menores de 18 años, al ser invisibilizadas en las estrategias gubernamentales para enfrentar la pandemia del Covid-19.

En conferencia de prensa virtual, organizada por #TejiendoRedesInfancia, una plataforma de defensa de niñez y adolescencia en 19 países de América y el Caribe, cofinanciada por la Unión Europea, la relatora de Infancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosamena, junto con Norberto Liwski y Jorge Cardona –exintegrantes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas–, así como el coordinador del proyecto regional, Juan Martín Pérez, coincidieron en que persiste el riesgo de no considerar en las estrategias de sanidad a las niñas, niños y adolescentes, ante una pandemia, cuyas víctimas mortales han sido de forma preponderante los adultos mayores.

Expresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena destacó que, pese a que en los marcos jurídicos y constitucionales está plasmada la protección a la infancia, ante la crisis sanitaria desatada por la pandemia del Covid-19 “hay un peligro de invisibilidad de los niños”.

Agregó que la “estigmatización” que se ha hecho de la niñez y adolescencia de que no se contagian del virus, sino que pueden ser portadores del mismo, “no le facilita a un país limitar sus obligaciones” con este sector de la población, que en América Latina representa el 30%.

La experta dijo que en medio de la pandemia los Estados están obligados a considerar en sus estrategias sanitarias “los factores de vulnerabilidad en las que están los niños en situación de pobreza, abandono y violencia, así como el trabajo infantil, para una respuesta articulada y para cumplir con los mandatos de protección”, por lo que urgió a las instituciones de protección de la infancia a integrarlos en las tomas de decisiones para abordar la contingencia.

El abogado Jorge Cardona destacó que el aislamiento y confinamiento en los domicilios para evitar la propagación del virus han generado “un miedo constante y una situación psicológica complicada”, debido al cierre de escuelas y lugares de esparcimiento.

En materia de salud –agregó– también afecta a los pequeños ante la suspensión de la aplicación de vacunas o de otros servicios médicos “ante el colapso de los sistemas de sanitarios”, además de que se han visto dañados niños con discapacidad y con discapacidad intelectual y psicosocial, así como aquellos que son víctimas de violencia en sus hogares, “que por la contingencia tienen que convivir con su abusador”.

Considerando que después de la pandemia vendrá una debacle económica mundial, el experto de origen español señaló que, de no tomarse las medidas preventivas, “la crisis sanitaria va a ahondar la situación de vulnerabilidad”, sobre todo entre las familias de mayor pobreza o exclusión social.

Norberto Liwski coincidió con Cardona en que los Estados están obligados a atender a los “sectores más desposeídos”, que viven en condiciones de hacinamiento y para quienes el aislamiento no significa protección.

“Imaginar el aislamiento con cinco personas, de las que tres o cuatro son menores de edad, es imposible sostener que es un modelo de aislamiento preventivo”, apuntó Liwski, pediatra originario de Argentina.

Según el experto, la situación puede ser aún más grave entre niños migrantes que están en estancias migratorias en México, ya que “si es una dificultad vivir la pandemia en una situación de hacinamiento, es aún mayor vivirla lejos de su propio territorio, de su comunidad o en una situación de mayor precariedad que la que puede implicar la migración no regulada”.

Ante cuestionamientos de que algunos gobiernos limitan las pruebas de Covid-19 a quienes ya presentan síntomas, excluyendo en su mayoría a la niñez y adolescencia, Liwski consideró que se deben seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para “destinar importantes recursos para un acceso universal, sin restricciones, a las pruebas del Covid -19”.

Explicó que, si bien ese ejercicio va a incrementar las estadísticas de personas contagiadas, “es un factor para disminuir el agravamiento que conduce a una muerte evitable, sobre todo de personas que no han sido diagnosticadas y ya son atendidas cuando están en un estado avanzado. Nunca la inversión es innecesaria cuando se trata de evitar daños mayores”.

Juan Martín Pérez reconoció que “históricamente la invisibilidad de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones ha prevalecido en el mundo adultocéntrico”, pero en momentos de contingencia, recalcó, “resulta preocupante que los sistemas nacionales de protección integral de niñas, niños y adolescentes estén olvidados, relegados o no tomadas en cuenta, porque es a través de esas autoridades que se pueden a garantizar sus derechos”.

El defensor, también director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), alertó en que en la contingencia sanitaria es indispensable “escuchar a este sector, considerando que son el 30% de la población en la región y más de la mitad están en condiciones de pobreza”.

Finalizó: “No hacer visibles a las niñas, niños y adolescentes, no conocer de viva voz su experiencia, ni proporcionar información apropiada a su edad, es una omisión que viola sus derechos humanos”.

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