HOPELCHÉN, Cam. (apro). - El Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes urgió a las autoridades municipales, estatales, federales y a la ONU instrumentar campañas de información respecto al covid-19 enfocadas a las comunidades indígenas y rurales a fin de que puedan también protegerse dado el flujo de jornaleros en la región. En una misiva dirigida a altos funcionarios de diversas instituciones de los diferentes niveles de gobierno, la organización campesina, apelando a su “derecho de petición consagrado en el artículo octavo constitucional”, solicitó la “intervención urgente” para que las comunidades del municipio entiendan lo que ocurre y puedan tomar medidas “adecuadas y efectivas” de prevención y disminución de riesgos. Advirtieron que el riesgo de que el covid-19 afecte a grandes grupos de la población en la región es enorme pues, además del alto índice de enfermedades como diabetes e hipertensión en Hopelchén, los pobladores también enfrentan una alta vulnerabilidad dada su exposición permanente a plaguicidas agrícolas. “La fragilidad ambiental existente, las enormes superficies deforestadas, la contaminación del agua y las grandes cantidades de plaguicidas que se aplican en la agricultura, incluso con avionetas, generan condiciones de vulnerabilidad y de enorme riesgo en el municipio”, reiteraron. Y en ese sentido, explicaron que uno de los sectores en mayor riesgo es el de las y los jornaleros agrícolas”. “La producción a gran escala de hortalizas y granos en el municipio requiere del empleo de esta mano de obra en los campos de cultivo de empresas privadas y campos menonitas. Este grupo es altamente vulnerable, carece de derechos laborales y tampoco tiene acceso a servicios médicos”, denunciaron. Argumentaron que por ello necesitan medidas gubernamentales para la reducción de riesgos de contagio tanto en las comunidades como en las zonas de trabajo de estos jornaleros. “La gran movilidad de grupos de personas de un lado a otro del municipio pone en riesgo a las comunidades, y no se está tomando ninguna medida para prevenir contagios”, recalcaron, y añadieron que “las y los jornaleros no han recibido información adecuada y no se están tomando medidas para protegerles en sus espacios de trabajo”. Especificaron que las medidas urgentes que demandan de las autoridades competentes es que “garanticen que se les informe adecuadamente sobre la enfermedad y sus riesgos”, que se apliquen acciones de prevención y que se realice el monitoreo cotidiano sobre su situación de salud. También que se garantice que sus empleadores “los provean de las condiciones necesarias para prevenir los contagios en sus espacios de trabajo; especialmente que tengan acceso a agua corriente y jabón, y que se garantice en general el cumplimiento de las medidas mínimas de protección ante la epidemia establecidas por las autoridades de salud”. Solicitaron además la instalación de filtros sanitarios en los campos agrícolas de producción de sandía, jitomate, chile y papaya, que en donde se concentra la presencia de jornaleros, así como para los transportistas que llegan a recoger los productos para trasladarlos a otras zonas del país.  Pidieron que las medidas que se asuman sean “culturalmente adecuadas para las comunidades y trabajadores mayas”. De igual manera solicitaron el lanzamiento de campañas de información dirigidas a las comunidades y productores que emplean mano de obra, “especialmente a la población menonita”, con perifoneo en las comunidades en español y maya. “La implementación de estas medidas es una obligación de las autoridades de los tres niveles, con la finalidad de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud, de las comunidades y de los trabajadores”. La petición fue dirigida a la alcaldesa Sandy Arely Baas Cauich, a los secretarios estatales de Salud, de Desarrollo Rural y de Gobierno, José Luis González Pinzón, Ignacio España Novelo y Pedro Armentía López, respectivamente. También a las secretarias de Bienestar y del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Albores González y Luisa María Alcalde, respectivamente; así como a las titulares de Comisión Nacional para el Dialogo de los Pueblos Indígenas, Josefina Bravo Rangel; y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra. Además, a Alejandro Almaguer, director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud; Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); a Víctor Manuel Toledo, titular de Semarnat; y Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros funcionarios de gobierno, y a Laura Papasergio y Bernardo Serrano, de la oficina del Alto Comisionado de la ONU.