CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha dado respuesta a la Secretaría de Gobernación federal sobre el marcaje de árboles que hacen hombre armados en el territorio indígena de Choréachi, ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo de la
Sierra Tarahumara.
La directora de la asociación
Alianza Sierra Madre, Isela González Díaz, dijo que no entienden por qué Semarnat no puede responder cuál unidad técnica forestal está manejando el aprovechamiento del bosque y quién es el ingeniero responsable en la delegación de Chihuahua, para conocer si Semarnat emitó las guías de transporte de madera, porque de no ser así, "estaríamos en una tala ilegal y tendría que haber una mayor intervención".
La derechohumanista dio a conocer que sólo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) admitió la demanda presentada por la comunidad, y están en espera de que haya oportunidad para inspeccionar.
"Desde el lunes, el ingieron Aarónn Mastache, director de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, por instruciones de Alejandro Encinas, le pidió información a Profepa y Semarnat. Sólo Profepa aceptó la demanda y están esperando la oportunidad para ir a inspeccionar. Le pedimos que pidiera la información para saber si Semarnat levantó el permiso o en qué condiciones están trazando, pero no han respondido".
González Díaz informó que Mariana Chew Sánchez, agente estatal de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesquero, también le pidió información a la Semarnat, sin que haya obtenido respuesta.
Sobre la situación de Choreáchi, el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, informó que es una comunidad que tiene especial atención.
"La problemática que tiene es la misma que es común a todas las comunidades de la sierra, su lejanía y la dificultad para establecer un punto fijo de vigilancia. Forma parte de los recorridos y hay comunicación con ellos. Los trabajos de vigilancia en la región continúan a través de recorridos para dar con talamontes y con los sujetos con los que operan. La delincuencia organizada está involucrada en esta actividad".
Covid-19
En el contexto de la pandemia de covid-19, el fiscal dijo que el monitoreo de la comunidad continúa, ya que han reducido las actividades de la dependencia sólo en actividades no críticas, con trabajo en casa y guardias.
https://www.proceso.com.mx/624622/raramuris-denuncian-tala-de-arboles-ilegal-durante-emergencia-por-covid-19
En áreas críticas, los horarios son escalonados para evitar la concentración del personal, pero continúan trabajando, mientras que atienden de inmediato cualquier caso sospechoso del personal, y en su caso, se determina el aislamiento y se pide la prueba.
Isela González detalló que la fiscalía estatal debería tener ubicados perfectamente a quienes están talando los árboles, porque por ahí pasa la policía estatal cuando van a hacer recorrido hacia la comunidad.
Detalló que saben perfectamente quiénes viven en el predio explotado y que han denunciado los integrantes de Choréachi, y saben que quienes viven en ese predio explotado son Gonzalo Loera, su sobrino y su hijo, acusados de los homicidios de líderes indígenas defensores del territorio, de esa región.
Los pobladores de la comunidad de Choréachi o Pino Gordo, denunciaron que con la protección de hombres armados y a pesar del confinamiento ordenado por la pandemia de Covid-19, los caciques de la región marcaron los árboles del territorio indígena para talar árboles con fines comerciales.
El 27 de marzo interpusieron una demanda más ante la Profepa para informarle sobre el marcaje de árboles.
Después de 20 años de luchar por su territorio ante los tribunales agrarios, en el 2018, la comunidad rarámuri de Choréachi obtuvo el reconocimiento de su territorio y bienes naturales por el Tribunal Superior Agrario, con el acompañamiento y asesoría de la organización Alianza Sierra Madre.
Desde el año pasado, los integrantes de Choréachi han documentado trabajos de marcaje de árboles y aprovechamiento forestal con fines comerciales dentro de su territorio ancestral, ante diferentes instancias, incluida la Profepa.
“El aprovechamiento forestal, presuntamente, lo están haciendo integrantes de la comunidad Coloradas de los Chávez. No omitimos informar, tanto el marqueo, como el aprovechamiento, se está realizando con la protección de personas armadas,comúnmente conocidos como sicarios”, informó Alianza Sierra Madre el fin de semana en un comunicado.
Detallaeron que a pesar de la emergencia sanitaria por el covid-19, los integrantes de la comunidad rarámuri observan el trazo de una brecha de terracería en la que actualmente están trabajando máquinas, sin su consentimiento, poniendo en peligro su salud, su seguridad y su medio ambiente.
Biodiversidad
Los datos de la organización indican que el 80 por ciento del territorio ancestral de Choréachi, se encuentra constituido por bosque viejo de pino y encino que alberga una gran diversidad de flora y fauna.
“Es uno de los últimos lugares de la Sierra Tarahumara con tal biodiversidad, lo cual ha sido posible gracias a la protección y defensa que la comunidad rarámuri ha emprendido por generaciones”, agregaron.
Toda la comunidad indígena cuenta con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el hostigamiento, amenazas y asesinato de defensores ambientales rarámuri, entre ellos Juan Ontiveros Ramos.
Las medidas fueron obtenidas porque han sido víctimas de represalia por la defensa que la comunidad ha emprendido en los tribunales para frenar la tala ilegal de sus bosques.
Alianza Sierra Madre exigió el fin de semana a las instituciones competentes de los gobiernos federal y estatal, la garantía de vida e integridad física de todos los integrantes de la comunidad de Choreáchi, como lo mandató la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano.
Que las autoridades competentes suspendan de manera inmediata, las actividades de aprovechamiento forestal que se realiza en aquel territorio, localizado en el municipio que forma parte del Triángulo Dorado y que se proceda, investigue y sancione a quien o quienes resulten responsables.
