CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como muchas personas, me mantuve atento a las medidas que se anunciaron por parte del gobierno para amortiguar la crisis económica paralela a la pandemia. Evidentemente soy lego en la materia y lo único que tengo a la mano para facilitar mi comprensión de las acciones difundidas es lo que observo en mi entorno social. Me hace sentido que en momentos como el que atravesamos se apueste por la inversión pública. Si los sectores sociales y privados no estamos en nuestra mejor época, me parece lógico que sea el gobierno quien use nuestros recursos públicos para atender nuestras necesidades. Igual me resulta convincente que una de las metas sea lograr pleno empleo, que para mí es que todo mundo ingresemos algo. Tengo claro que si todos nuestros derechos humanos se respetaran y fueran una realidad cotidiana, sobre todo los llamados sociales y económicos, con que no faltaran ingresos en cada familia tendríamos mejores elementos para sortear esta crisis. Otra voces ya han puesto de manifiesto los mínimos derechos que tendrían que asegurarse en esta época, como acceso al agua y vivienda digna, entre otros. No me toma por sorpresa que el actual gobierno oriente sus acciones a proteger primordialmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Sus esfuerzos mayores enfocados en la población pobre incluso me resultan justificados. Les veo como una decisión de equidad, pues idéntica atención a colectivos en situaciones dispares no sería precisamente lo que la pauta de igualdad exige en este instante. Con todo, también me hace sentido que algo requiere hacerse para apoyar a las personas y empresas que emplean a buena parte de la población. Por supuesto, no imagino que los recursos sean ilimitados y es responsabilidad del gobierno elegir entre alternativas, aun y cuando se deba de optar entre remedios oponibles. Ante tal escenario, lo que sí está a mi alcance es preguntarme si la Constitución de este país ordena algunos elementos para tenerse en mente en las recetas que puedan construirse para afrontar este tipo de crisis económica; si de paso ello podría proporcionar algunas indicaciones para no dejar por su propia cuenta a algunos sectores privados; y a su vez, criticar las prioridades de inversión pública. Mi respuesta es en sentido afirmativo, nuestra Constitución sí establece normas para guiar al gobierno en cuestiones de economía. Otra cosa es que se quiera hacer caso omiso de sus disposiciones. De entrada resalto que la rectoría del desarrollo nacional corresponde al gobierno, pero no para llevarlo por cualquier curso ni para utilizar cualquier medio. Ese desarrollo debe ser sustentable y buscar una más justa distribución del ingreso y la riqueza, a fin de permitir el pleno ejercicio de nuestras libertades y dignidad, sin desestabilizar las finanzas públicas. Además, existe el deber de apoyar e impulsar a las empresas de los sectores sociales y privados, bajo criterios de equidad y sustentabilidad, cuidando el medio ambiente. Por ley se debe proteger la actividad económica de particulares y proveer de condiciones para que su desenvolvimiento contribuya a ese desarrollo. A la luz de este marco dispuesto en el artículo 25 constitucional, ante el escenario que vivimos podrían aplicarse de forma extensiva otros mandatos más, los de su artículo segundo: (i) impulsar el desarrollo regional con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, con la participación de las propias comunidades; (ii) propiciar la incorporación de las mujeres al desarrollo; y (iii) apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable mediante acciones que permitan alcanzar una suficiencia de ingresos, inclusive vía la aplicación de estímulos para las inversiones que generen empleos. Es en virtud de estas obligaciones constitucionales que no puedo coincidir con las prioridades del gobierno para invertir en sus megaproyectos, que no cuidan el medio ambiente ni son sustentables, y si los tribunales de amparo no estuvieran tan ausentes o ausentes las invitaciones para contribuir en estas luchas jurídicas, ya estaría con la estrategia para cuestionar la orientación de esa inversión pública.