CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal concedió una suspensión provisional a una empresa cervecera de Baja California para que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisen el presupuesto público de 2020, con el propósito de que se reasignen recursos públicos que sirvan para atender la emergencia sanitaria que vive el país ante la epidemia de covid-19. La resolución dictada por el juez Segundo de Distrito de Baja California, José Eduardo Rodríguez Castillo, también concede la suspensión para el efecto de que el gobierno federal “tome las medidas necesarias para la protección de fuentes de empleo ante la crisis causada por la emergencia sanitaria global ocasionada por el virus covid-19“. El abogado de la empresa Cervecería Infinito que promovió el juicio de amparo, Adolfo Solís Farías, aseguró que la suspensión obligará al gobierno federal a no asignar más recursos públicos a la construcción de obras como el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Corredor Transístmico, derivado de que la prioridad del erario debe ser “salvar vidas“ y no la construcción de dichas obras que el mandatario mexicano considera “indispensables“. https://www.proceso.com.mx/625622/en-junio-pico-de-contagios-de-covid-19-lopez-gatell En el juicio de amparo con expediente 293/2020, el juzgador federal indica que ante la pérdida de empleos provocada por la emergencia sanitaria y reconocidas por la Secretaría del Trabajo, el pasado miércoles 8, existe una afectación a los derechos sociales y económicos de los trabajadores formales. La resolución agrega que derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 también existe un compromiso del gobierno federal de garantizar el empleo, la salud y el bienestar de los mexicanos. https://www.proceso.com.mx/624733/juez-impuestos El juez suma a sus argumentos la resolución especial dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el viernes 10, en la que se recomienda a los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) la conservación de las fuentes de empleo, con el fin de que la sociedad pueda allegarse los recursos necesarios para superar la actual crisis provocada por la pandemia. La suspensión provisional hace notar que ese mismo documento de la CIDH también contempla el otorgamiento de subsidios, rentas básicas y otras medidas de apoyo económico para garantizar el ingreso y la subsistencia de todas las personas trabajadoras. Por lo anterior, señala la resolución, se declara procedente la solicitud del juicio de amparo para “la reasignación del presupuesto de egresos para el presente ejercicio (2020), a efecto de que sea destinado a la crisis económica derivada de la emergencia nacional por el SARS-CoV2, ya que de conformidad con el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el referido presupuesto no debe ser estricto, inflexible ni imposible de modificar”. Incluso, se advierte en la suspensión provisional que los derechos laborales de los trabajadores están por encima de las obligaciones fiscales, por lo que se solicita a las autoridades en la materia que brinden las facilidades necesarias a las empresas para el pago de impuestos. En este sentido, se pide al gobierno federal y a la SHCP dictar las medidas necesarias para proteger las fuentes de empleo, ya que éstas resultan esenciales para que lo trabajadores puedan subsistir y garantizar sus necesidades básicas, como el derecho humano a la alimentación, la vivienda y la salud.