CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Jonathan Bass Herrera, concedió a la organización civil Documenta una suspensión de plano para que el gobierno de la Ciudad de México aplique e informe sobre las medidas que toma para garantizar el derecho a la salud y la vida de personas privadas de la libertad y las que laboran en los 13 centros de reclusión, en el contexto de la emergencia sanitaria. En un comunicado, la organización sostuvo que ayer reclamó todas las medidas de atención a la salud necesarias para evitar contagios de covid-19, que se garanticen los suministros básicos de higiene, el acceso a agua potable y agua corriente, y el derecho a la alimentación, ya que se ha restringido el acceso a visitas. También solicitó que se garantice el contacto con el exterior, el acceso a la información y la gobernabilidad por posibles motines debido a falta de atención. De acuerdo con Documenta, en la suspensión concedida, el juez solicita puntualmente al gobierno de la Ciudad de México cinco medidas, la primera de las cuales es seguir protocolos de prevención sanitaria respecto del covid-19 conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud, dentro de los centros de reclusión. La segunda tiene que ver con la implementación de medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para prevenir y evitar el contagio, y la tercera consiste en instrumentar acciones para detectar casos de covid-19 en reclusorios. La cuarta, tomar medidas para garantizar a personas privadas de la libertad el contacto con el mundo exterior para que puedan mantener comunicación con sus familiares. Y la quinta, garantizar el acceso a la información para que internos y familias tengan conocimiento de las medidas adoptadas ante la pandemia. De acuerdo con la orden del juez, en un lapso de 24 horas el gobierno local deberá rendir un informe sobre el cumplimiento de estas medidas. Según Documenta, este martes el gobierno local notificó que, tal como lo solicitó en una petición administrativa el pasado 1 de abril, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario lleva a cabo la identificación de posibles candidatos a preliberación de personas privadas de la libertad que cumplan con las hipótesis previstas en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sus expedientes sean examinados y, de ser procedente, se tramite su preliberación ante jueces de ejecución. Además, informó que están trabajando en el cumplimiento del programa “Liberación Humanitaria”, para la revisión de expedientes de personas privadas de la libertad pertenecientes a grupos vulnerables. Por último, el Tribunal Superior de Justicia capitalino ordenó levantar la suspensión de actividades de los cuatro juzgados de ejecución, a fin de que las solicitudes de beneficios de preliberación de personas vulnerables sean atendidas. Con estas medidas, Documenta celebró la disposición del gobierno capitalino de atender esta solicitud. Y agregó: “Continuaremos impulsando la defensa de los derechos de poblaciones vulnerables en cárceles, hospitales psiquiátricos, centros de adicciones y otros espacios de privación de libertad, e insistiremos con que ellas y sus familiares deben ser atendidas con urgencia y claridad ante la pandemia por coronavirus, para garantizar el respeto pleno a sus derechos humanos”.