OAXACA, Oax. (apro).- El Congreso local aprobó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal del estado, para castigar hasta con seis años de prisión a quienes agredan al personal médico que en esta emergencia sanitaria por el covid-19 ha sufrido actos discriminatorios y ataques contra su integridad. Además de la pena de prisión, a las personas que cometan actos de agresión y discriminación contra el personal médico, por creer que son portadores del coronavirus y pueden propagar un contagio, se les impondrá una sanción de 225 a 450 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 400 días multa. Los diputados y diputadas destacaron que, a pesar de la entrega y el compromiso del personal médico ante la pandemia, las agresiones los han llevado a extremar precauciones extras cuando salen a la calle para ir o regresar de sus labores. Tras reportarse una serie de casos en diferentes entidades, entre ellas Oaxaca, los legisladores dieron luz verde para que las conductas dolosas que se cometan en contra del personal médico del Sector Público que presta sus servicios en la entidad, en el contexto de la emergencia sanitaria, sean sancionadas con una pena más dura que cuando se cometan en un contexto ordinario, al ser considerados como servidores públicos. “En Oaxaca tenemos un Sistema Estatal de Salud insuficiente, que se puede ver desbordado por la magnitud de la pandemia, lo que afectaría más gravemente a quienes viven en la pobreza y quienes no tienen cobertura médica, en caso que necesiten atención médica u hospitalización, entonces, no se puede permitir que se agreda a quienes estarán en la primera línea para atender pacientes con coronavirus”, puntualizaron. Para ello, propusieron se adicione el artículo 187 Bis, porque el delito que se cometa contra servidores públicos ya está previsto y sancionado por el artículo 187 del Código Penal para el Estado como un delito específico. Entonces, al tipificar de manera específica las conductas cometidas en contra de servidores públicos del Sistema Estatal de Salud en un contexto de emergencia sanitaria, se prevé una pena más dura en razón del bien jurídico tutelado y su trascendencia social en el contexto en que se comete la conducta; pena que, incrementada hasta en tres años, podría ser castigada hasta por seis años, “temporalidad que consideramos razonable en un análisis de proporcionalidad”. Al aprobarse la iniciativa se modifica la denominación del Capítulo IV del Título Cuarto del Libro Segundo, se adiciona el artículo 187 Bis y se le agrega un tercer párrafo al artículo 412 Bis, recorriéndose los subsecuentes del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. El artículo 187 Bis dice a la letra: “Cuando las conductas a que se refiere el artículo anterior sean cometidas en contra de cualquier servidor público que pertenezca al Sistema Estatal de Salud durante el período que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más, además de la que le corresponda por el delito cometido”. Por otra parte, la 64 legislatura local firmó un convenio con el Patrimonio de la Administración de la Beneficencia Pública del gobierno del estado, para oficializar la donación de un millón 764 mil pesos, que corresponde a un mes de salario de 42 legisladores, con el objetivo de dotar de equipo médico a hospitales que lo requieran. “Esta suma se dividirá en un millón 205 mil 400 pesos para el Hospital General ‘Doctor Aurelio Valdivieso’ y 516 mil 600 pesos para el Hospital de la Niñez Oaxaqueña ‘Guillermo Zárate Mijangos’”. Con ese dinero se pretende la adquisición, entre otros insumos y materiales para atender enfermos del covid-19, de caretas, cubrebocas y trajes especiales de protección para médicos y enfermeras. Durante el acto protocolario, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Horacio Sosa, reconoció la disposición de las diferentes fuerzas políticas al interior de la Legislatura por abonar a mejorar la salud de la población oaxaqueña. Y reiteró la disposición del Congreso local para direccionar, de ser necesario, parte de los 3 mil 500 millones de pesos autorizados del refinanciamiento de la deuda pública, en acciones que coadyuven a atender la emergencia sanitaria nacional provocada por el covid -19.