Acusan a directivos de Hospital Pediátrico de ocultar contagios entre empleados

jueves, 16 de abril de 2020 · 16:46
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Personal de todas las áreas del Hospital Pediátrico Tacubaya protestaron esta mañana frente al nosocomio para exigir la separación del cargo de la directora, Leonarda Buenaventura Carreño López, y de la encargada de la JUD médica, Margarita Hernández Quintana, a quienes responsabilizan de la propagación de covid-19 entre el personal. Durante la movilización, realizada la mañana de este jueves, denunciaron que, en marzo, cuando se conoció de la posible existencia de un primer caso, ellas lo negaron, ocasionando la propagación del brote entre el personal. Señalaron que ya falleció un empleado del hospital y otro está grave. Además, otros diez compañeros son considerados casos sospechosos de coronavirus, pero se desconoce la cifra real, ya que han estado en contacto con personal de todos los turnos y todos los servicios médicos. A pesar de ello, las funcionarias se negaron a sanitizar las áreas y aplicar las pruebas de covid-19. En un documento entregado el pasado miércoles 15 de abril a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del cual Apro tiene una copia, el personal del hospital, de entrada, deja en claro: “En nuestra vocación médica, participar de manera responsable en la mitigación y contención de la epidemia del covid-19, la mejor prueba es que a pesar de las carencias crónicas que padecemos, hemos laborado hasta el día de hoy y lo continuaremos haciendo hasta la resolución de esta pandemia. No queremos rehuir muestra responsabilidad”. Firmado por médicos, odontólogos, enfermeras, paramédicos y diversas áreas administrativas del nosocomio, exponen la crisis: “Leonarda Buenaventura Carreño López, en su calidad de directora general, y Margarita Hernández Quintana, como encargada de la JUD médica, han actuado con negligencia e irresponsabilidad en la aplicación de las medidas de prevención y contención para evitar el contagio e infección por covid-19, lo que ha ocasionado que a la fecha varios compañeros se hayan contagiado, presenten enfermedad respiratoria de gravedad variable y que un compañero trabajador se encuentre intubado y en estado grave.” Hasta la elaboración de documento, desconocían que otro de sus compañeros acababa de fallecer, acaran a Apro en entrevista. Le señalan a Sheinbaum que la directora les ocultó información sobre un caso de un compañero que dio positivo de covid-19, y ella les mandó decir con diferentes jefes que había resultado negativo, lo cual puso en riesgo a todo el personal que tuvo contacto con él durante dos semanas. “Por todo esto que sucedió, hoy varios trabajadores estamos enfermos y aislados en nuestros domicilios y un compañero internado de gravedad… En una reunión del 98 de abril, de forma pública, la directora manifestó que, de los tres casos sospechosos, dos eran negativos y uno influenza, sin embargo, hoy sabemos que uno de los que ella catalogó como negativo, en realidad resultó positivo al covid-19”, le indican a la jefa de gobierno. Prosiguen: “Han actuado con negligencia, porque a pesar de tener conocimiento de que existía un trabajador con perfil sospechoso de infección por coronavirus, porque es hermano de la enfermera que en el mes de marzo falleció en el hospital Enrique Cabrera con diagnóstico de “neumonía atípica”, en lugar de tomar las medidas sanitarias del caso, se obligó a los compañeros del trabajador a seguir laborando junto a él en completo hacinamiento”. Hasta ahora, la directora le pidió al jefe inmediato de este grupo de trabajadores su número telefónico para tenderles un cerco sanitario. Pero ese cerco debió establecerlo desde el mes de marzo. Los trabajadores se negaron a proporcionarlo, debido a las represalias que, “es conocido”, toman las funcionarias en contra del personal. Este grupo de trabajadores al que se hace referencia es del área de lavandería, quienes incluso estando con síntomas activos, estuvieron trabajando y en contacto con todo el personal del hospital, afirman en el documento. “Por escrito y de manera verbal, hemos llamado la atención de las funcionarias del hospital, porque al llegar a nuestro centro de trabajo encontramos consultorio en instalaciones sucias.” Y los insumos y equipo de protección personal se ocultan y se da a cuentagotas, bajo el pretexto de que se está guardando para la peor etapa que está por venir, sin considerar que ésta ya la estamos viviendo porque el virus está en las calles y en cualquier persona que pueda llegar a consulta al hospital. La directora afirmó que ella siempre solicita los insumos y equipos en cantidad necesaria y que cumpla con las especificaciones requeridas, sin embargo, son las autoridades centrales –gobierno de la CDMX–, las que no envían lo suficiente y lo que mandan no cumple con las especificaciones, como es el caso de cubrebocas, googles y caretas de protección facial, que va a regresar. Con excepción del área de urgencias, en el área adaptada para recibir pacientes sospechosos de covid-19, los equipos de protección personal siguen dándose a cuentagotas, llegando al extremo de que, a pesar de existir un brote de enfermedad respiratoria y personal sospechoso de covid-19, la directora sigue promoviendo que el personal no se use cubrebocas y que quien quiera utilizarlo “que se lo compre porque la institución no tiene”. Mientras que la JUD Médica sigue realizando cursos de capacitación sin tomar la sana distancia entre el personal, y reutilizando incontables veces los mismos guantes, los mismos cubrebocas, batas y gorros, con el pretexto de que “no se puede desperdiciar material”. Todo ello, afirman, ha creado una crisis de desconfianza en las autoridades y de incertidumbre en el personal, por el temor a haber sido contagiados de covid-19. “Además, las funcionarias han actuado de manera prepotente con los médicos y personal de salud que intentaron acogerse al resguardo domiciliario corresponsable, pues desde el momento en que se publicó el acuerdo emitido por usted –jefa de gobierno-, el 19 de marzo, ellas se negaron a recibir los folios y las claves emitidas por el gobierno de la CDMX”. Por lo tanto, se negaron a aplicar los criterios emitidos para las personas vulnerables contenidos en dicha Gaceta Oficial, así como el acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria emitido por el Consejo General de Salubridad, del 30 de marzo. Argumentaron que las autoridades de gobierno y de la Secretaría de Salud –de la CDMX­–, de que “todo el personal de salud permaneciera trabajando, dando un tratamiento autoritario, arbitrario y déspota a nuestras compañeras madres trabajadoras y a nuestros compañeros de grupos vulnerables”. Además de separar de su cargo a la directora y a la JUD, investigar y actuar en consecuencia, piden a la jefa de gobierno que de inmediato se traslade un equipo sanitario para investigar con seriedad y responsabilidad el contagio entre los compañeros y determinar las medidas sanitarias adecuadas. También que se realice una prueba de detección de covid-19 a todo el personal del Hospital Pediátrico –poco más de 500–, en los cuatro turnos, así como a los pacientes hospitalizados. Que se establezca el cerco sanitario y que el hospital labore con guardas mínimas en tanto se tiene el resultado de las pruebas con el fin de parar el contagio entre personal y pacientes. Proporcionar el abasto de insumos y equipos de protección personal en cantidad suficiente y que cumpla con las especificaciones establecidas para atender esta pandemia y ordenar a las autoridades del hospital, que “cada vez que atendamos a un paciente se nos otorgue el equipo de protección completo, de acuerdo a lo señalado por la OPS/OMS. Piden se proporcione a todo el personal, de todos los turnos y de todos los servicios, jabón líquido para lavado de manos, solución o gel a base de alcohol al 70%, cubrebocas quirúrgicos, protector de ojos (googles) guantes de examinación y bata desechable con manga larga; agregando para servicios que lo requieran cubrebocas N95, protector facial (careta y overol desechable). Y que se instruya a la Secretaría de Salud y dependencias administrativas que respeten las disposiciones, que madres o padres que tienen que cuidar a sus hijos de educación básica se queden en resguardo domiciliario durante la contingencia y emergencia sanitaria.

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