MEXICALI, B.C. (apro).- De manera sorpresiva, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la Fiscalía General del estado (FGE) exoneró a exfuncionarios del gobernador Jaime Bonilla, al archivar las acusaciones que se hicieron en su contra por presuntamente haber recibido millones de pesos a cambio de futuros contratos. Se trata del exoficial mayor “Jesús Damián N” y la exsecretaria de Bienestar “Cynthia Gissel N” (así se les ubica en el comunicado oficial de la FGE). En noviembre de 2019, a un par de semanas de haber iniciado el gobierno del morenista Jaime Bonilla, Rosendo Colorado, excolaborador de la exsecretaria de Bienestar, denunció ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública a ambos exfuncionarios por haber solicitado --durante el periodo de transición-- apoyos a empresarios, ofreciéndoles contratos seguros una vez iniciada la administración estatal. El denunciante presentó conversaciones vía telefónica y grabaciones, que al día siguiente fueron filtradas a los medios de comunicación. Colorado ratificó la denuncia y se le dio trato de testigo protegido, asignándole un par de elementos policíacos para su seguridad. Mediáticamente el tema escaló. La titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, dijo que el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, tendría que pedir licencia, porque también era señalado en la denuncia. Antes de ello, el propio Rodríguez Lozano negó todo acto ilícito de parte de la hoy exsecretaria de Bienestar, quien renunció al cargo, igual que el oficial mayor. El mismo secretario general rechazó haber participado en cohecho. Nota relacionada: [embed]https://www.proceso.com.mx/613010/autoridades-de-baja-california-congelan-investigacion-sobre-presuntos-moches[/embed] Este jueves, mediante un comunicado, la FGE dio a conocer que inició una investigación de oficio “basada en notas periodísticas, donde se señalaba que los imputados habían recibido ciertas cantidades de dinero a cambio de otorgar contratos para la proveeduría de alimentos en los Centros de Reinserción Social”. Aseguró que, luego de un cúmulo de diligencias y pesquisas realizadas por el Ministerio Público, “se emitió una determinación de archivo, ya que los imputados no tenían calidad de servidores públicos, aunado a que a la fecha se recabaron informes de la autoridad y testimonios de quienes hasta el momento se advierte tienen conocimiento de los hechos, los cuales no son suficientes para resolver sobre el ejercicio de la acción penal”. Finaliza el comunicado: “Derivado de lo anterior se concluye el expediente, al no haber diligencia que tramitar”. El denunciante, Rosendo Colorado, dijo que en su momento un grupo de empresarios entregó 20 millones de pesos a la secretaria de Bienestar, teniendo como puente a la Oficialía Mayor. Cuando las empresas no resultaron favorecidas en las licitaciones, abundó, pidieron el regreso del dinero, pero sólo se pudieron rescatar 16 millones de pesos; del resto, presuntamente la exfuncionaria adquirió un par de vehículos. A partir de que no se pudo regresar el dinero, Colorado presentó la denuncia ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública. Tras conocerse la noticia de la exoneración, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Francisco Fiorentini Cañedo, dijo que “es un mensaje de impunidad que genera un rechazo categórico por ser contrario a la obligación constitucional de combatir a la corrupción”. El titular del SEA consideró que la Secretaría de Honestidad y Función Pública debe continuar con la investigación “sobre la denuncia que recibió por la entrega de dinero a cambio de contratos de servicios gubernamentales, ya que afecta de manera directa a la sociedad”. Además, por ser la ciudadanía la ofendida, uno o varios ciudadanos pueden promover “un recurso para combatir el no ejercicio de acción penal con base en el Artículo 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución General de la República”, finalizó.