CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cerca de 200 de las principales organizaciones de la sociedad civil mexicana y decenas de intelectuales urgieron hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador que suspenda las obras del Tren Maya durante la emergencia sanitaria decretada; rechazaron que se trate de una actividad “esencial” y sostuvieron que pondría en riesgo “la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras (…) así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo”.

“Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria”, denunciaron.

En una carta, las organizaciones deploraron que las comunidades opositoras al proyecto se encuentren en un estado de “indefensión” legal ante el megaproyecto –los tribunales no funcionan con normalidad, lo que impide la interposición de amparos--, mientras que la parálisis del sistema de transparencia impide acceder a información clave sobre el megaproyecto. El pasado 6 de abril, López Obrador decretó la suspensión de labores para las actividades no esenciales en el país por la emergencia sanitaria, pero exentó a las actividades relacionadas con los megaproyectos que impulsa y financia su gobierno, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía o el Corredor Interoceánico.

“Nos preocupa que el argumento principal para continuar con la implementación del denominado Tren Maya sea el detonar el desarrollo de la Península, cuando la realidad es que no existe un proyecto definido, ni la información necesaria para conocer sobre si el mismo beneficiaría a la población rural e indígena de la península”, deploraron las 194 ONGs, entre ellas Greenpeace, Artículo 19, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) o la asamblea Múuch’ Xiinbal.

“El acuerdo que ordena mantener la construcción del llamado Tren Maya a pesar de la contingencia, se suma a la opacidad y falta de información con la cual el gobierno federal ha manejado este proyecto. De manera insistente se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas”, señalaron.

Piden diálogo real con afectados

Y recordaron que el proceso de participación realizado por el gobierno federal en noviembre y diciembre pasado incumplió con los estándares internacionales “mínimos” en materia de consulta indígena. Por lo anterior, pidieron a López Obrador que pasada la pandemia inicie un “proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información y que cumpla con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. El exhorto de la sociedad civil llega unos días antes del otorgamiento de los primeros contratos multimillonarios a grandes consorcios del sector de la construcción para los tramos uno y dos del Tren Maya: el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibió 14 propuestas para el primer tramo y 15 para el segundo, y dará a conocer los nombres de los ganadores en los próximos días. Entre los consorcios que compiten por las obras destacan los encabezados por empresas paraestatales chinas, así como las empresas constructoras de los multimillonarios Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon, David Peñaloza Alanís, Hipólito Gerard Rivero –cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari--, ICA, así como varias constructoras españolas. “Hasta el momento hay información de que este (megparoyecto) beneficiará preferentemente a empresarios de la construcción y del turismo, generando despojo del territorio para las comunidades, desalojo de la población y si acaso generaría empleos precarios, mal pagados y sin garantías de seguridad social”, deploraron las organizaciones. Te recomendamos: Tren Maya, la obstinación