Extinción pírrica de fideicomisos

Herrera y López Obrador durante una conferencia en Palacio Nacional. Foto: Benjamín Flores Herrera y López Obrador durante una conferencia en Palacio Nacional. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Presentado como un hecho histórico y un parteaguas de la lucha contra la corrupción, el Decreto de extinción de los fideicomisos públicos se limita en realidad a una medida casi desesperada del gobierno federal para agenciarse recursos que le permitan cubrir sus obligaciones en materia de deuda pública, ante la caída de la recaudación fiscal y de los ingresos petroleros.

El decreto aludido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril, ordena la extinción de los fideicomisos públicos federales que no cuenten con estructura orgánica, y el traspaso de sus fondos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de abril. Desde su anuncio, se desataron las especulaciones acerca de cuántos y cuáles fideicomisos se extinguirán, pues el decreto no incluyó la lista de los mismos.

También se debate el monto del dinero que el gobierno federal “recuperará” con esta medida. Primero se habló de 740 mil millones de pesos (casi el 3 por ciento del PIB), mientras que datos extraoficiales de la SHCP estimaron un monto de 494 mil millones de pesos. Más cauto, el presidente de la República lo calculó en 250 mil millones de pesos, equivalentes, dijo, “al 1 por ciento del PIB”.

Según el Cuarto Informe Trimestral de 2019, que la SHCP remitió a la Cámara de Diputados, los fideicomisos, mandatos o análogos sin estructura orgánica son 339 y el monto de dinero que tenían al 31 de diciembre eran 740 mil millones de pesos, monto que inspiró la primera especulación.

Sin embargo, el propio Decreto en su artículo Quinto dice, en forma indeterminada, que se salvarán los siguientes fideicomisos: 1) los que se constituyeron por mandato de la Constitución, alguna ley o decreto legislativo; 2) los que se utilizan como medio de pago de deuda pública; 3) los que tienen como fin atender las emergencias de salud; y 4) los que cubren prestaciones laborales o pensiones.

Considerando esas excepciones, un estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados descuenta de entrada 85 de los fideicomisos porque en ellos participan los gobiernos locales o el sector privado. Después, dicho Centro estima que entran en las hipótesis salvadoras parte de los 5 fideicomisos cuya materia es la estabilización presupuestaria y los 56 que cubren las pensiones y las prestaciones laborales. También se tendrían que restar otros 26 fideicomisos que tienen que ver con programas de infraestructura, además de una parte de los 167 fideicomisos cuya materia son los apoyos financieros y los subsidios.

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Dependiendo de los criterios que la SHCP aplique para decidir las excepciones del Decreto, el Centro de Estudios referido plantea dos escenarios: en el más optimista, el gobierno federal “recuperaría” 199 mil millones de pesos y en el segundo el monto alcanzado sería de apenas 47 mil millones. En ambos casos, hasta la estimación presidencial quedaría lejos de alcanzarse, pues el más alto de dichos montos representa el 0.7 por ciento del PIB y el otro se queda en tan solo el 0.2.

Si las distintas dependencias gubernamentales proyectaron una imagen de monumentalidad de esta medida, vinculándola con la garantía a los beneficiarios de programas sociales de que lo “recuperado” aseguraría sus apoyos económicos, los montos estimados reducen en realidad el objetivo de la misma al pago de deudas del gobierno pues, como dijo el propio presidente, “a este concepto se va destinar la mayoría de los recursos porque no queremos que se incremente (la deuda)”.

El Decreto del 2 de abril asigna a la SHCP la atribución de resolver si se autorizan o no las excepciones que soliciten las distintas dependencias, con negativa ficta incluida. En estas determinaciones se dejó a la Secretaría de la Función Pública una participación limitada a la consulta. Sin embargo, ausente de apariciones públicas el titular de la SHCP, la funcionaria que exoneró a Manuel Bartlett de sus mentiras al declarar su patrimonio, reclama ahora como conquista personal este Decreto, además de afirmar con grandilocuencia que “se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció en gobiernos anteriores”.

Al igual que ocurre con la estimación del monto del dinero involucrado en el Decreto, la dimensión histórica que pretende darle la titular de la SFP se achicará con el correr de los días.

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