CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras las actividades y obras relacionadas con el Tren Maya se mantienen durante la emergencia sanitaria decretada por el covid-19 –como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador--, juzgados federales en Campeche y Yucatán dieron largas a dos solicitudes de amparo que interpusieron comunidades urbanas e indígenas afectadas por el megaproyecto. “Resulta evidente que el gobierno federal se está aprovechando de la pandemia y de la situación de contingencia y riesgo sanitario para avanzar en la implementación del proyecto del Tren Maya, poniendo en riesgo derechos elementales de la población, como la vivienda, la salud e incluso la vida”, denunciaron organizaciones civiles de la Península de Yucatán, en un comunicado divulgado este martes. El pasado viernes 17, el colectivo Tres Colonias de Campeche –conformado por vecinos que habitan en las orillas de las vías previstas para el Tren Maya-- presentó un primer amparo contra el proceso de desalojo y reubicación, que continúa pese a la emergencia sanitaria. Te recomendamos el especial del Tren Maya. En el segundo caso, la Asamblea Maya Muuch’ Ximbal interpuso un amparo contra el acuerdo que López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el lunes 6, donde exentó la suspensión de las operaciones relacionadas con el Tren Maya, pero no ocurrió lo mismo con el resto de las actividades no esenciales para la economía. En el primer caso, el Juzgado Primero de Campeche se negó a recibir la demanda bajo el argumento de que no era “un asunto de emergencia”, y en el segundo, el Juzgado Cuarto de Distrito de Yucatán aceptó la demanda –después de largas discusiones--, pero pospuso su resolución una vez “pasada la emergencia sanitaria”, lo que carece de lógica. Los obstáculos del Poder Judicial en torno al megaproyecto en el periodo de contingencia eran previsibles: el pasado martes 21, 194 de las principales organizaciones de la sociedad civil mexicana urgieron el gobierno federal a suspender las actividades del Tren Maya durante la emergencia sanitaria, bajo el argumento de que las medidas implementadas ante la pandemia de covid-19 impedían el acceso a la justicia y a la información para las comunidades afectadas. [embed]https://www.proceso.com.mx/627065/el-tren-maya-epn[/embed] “El acuerdo que ordena mantener la construcción del llamado Tren Maya, a pesar de la contingencia, se suma a la opacidad y falta de información con la que el gobierno federal ha manejado este proyecto. De manera insistente se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas”, denunciaron las organizaciones.