CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) alertó sobre violaciones a derechos humanos en decenas de municipios que, bajo el argumento de atender la emergencia sanitaria por el covid-19, han impuesto “retenes, cierre de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras”, lo que representa “restricciones severas al libre tránsito”. De acuerdo con el documento “Observaciones sobre violaciones a Derechos Humanos durante la contingencia sanitaria por covid-19”, en 340 municipios de 15 entidades “se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales o la propia población, de forma continua o intermitente en algún momento de la contingencia”. Al destacar que las restricciones al libre tránsito se han tomado en 20% de los municipios del país, el documento detalló que 85% de los 340 municipios en esas condiciones están en Oaxaca, con 147; Veracruz, con 77, y en Guerrero, con 65. Las otras entidades federativas donde se han tomado medidas extremas están en Campeche, en los 11 municipios con que cuenta; Chiapas, nueve; Morelos y Durango, cinco en cada entidad; San Luis Potosí y Michoacán, cuatro municipios en cada uno; Tamaulipas e Hidalgo, con tres; Nayarit, Estado de México y Coahuila, con dos alcaldías por entidad, y Jalisco con un municipio. La dependencia señaló que los accesos controlados por pobladores o autoridades indígenas “no suelen contar con las medidas adecuadas de salubridad ni el manejo adecuado ante covid-19”, de ahí que no se garantiza aminorar el peligro, sino que “pone en riesgo a las personas que participan en ellos”, pero además se podría “generar una crisis si les es impedido el ingreso a las personas migrantes que retornan masivamente a sus comunidades de origen”. Y consideró preocupante que al 22 de abril se estableciera toque de queda en 31 municipios en los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León. La Subsecretaría repudió que, como por parte del Consejo Estatal de Salud en Sonora –donde 11 municipios decretaron el toque de queda--, se impusieran “multas a las personas por incumplir el confinamiento obligatorio y facultando a las corporaciones policiales a arrestar con uso de fuerza pública a las personas”. Ello, desde que el 13 de abril se anunció la Fase 2 del programa “Quédate en casa”. Esas medidas, a las que se suma el trabajo comunitario, se impusieron en Michoacán y Jalisco, situación que “puede llevar al uso desmedido y arbitrario de la fuerza pública”, apuntó. Sobre el cierre de fronteras, el documento destacó la decisión de los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, que “anunciaron el cierre de fronteras entre sus estados con el uso de retenes y control estricto de los 21 estados fronterizos entre sus entidades con Estados Unidos”, en tanto que el gobernador de Michoacán también cerró fronteras con las entidades colindantes. Tras destacar que los castigos físicos contra las personas que no se resguardan en sus domicilios pueden ser considerados como “tortura”, detalló que en Teloloapan, Guerrero, la Policía Comunitaria Tecampanera golpeó a jóvenes que no atendieron la medida sanitaria. La dependencia federal informó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió denuncias de personas que han sido obligadas a trabajar, de las cuales “32.1% son personas con factores de riesgo ante covid-19 y 18.2% son personas que, sin realizar alguna actividad esencial, siguen asistiendo a trabajar”. En el documento, la Subsecretaría resaltó que en 12 entidades se han realizado “movilizaciones de diversos sectores económicos, formales e informales”, en la exigencia de diversas demandas. También alertó sobre los contagios por covid-19 entre trabajadores de maquiladoras de Chihuahua y Baja California, con 13 y 60 casos, respectivamente, y la protesta en Ciudad Juárez de 340 trabajadores de tres maquiladoras para exigir el paro técnico con el fin de evitar contagios, así como el pago del 100% de su salario. La Subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas mencionó igualmente la negativa de Grupo Salinas “a cerrar sus negocios con servicios no esenciales”, así como las “denuncias en algunos diarios de circulación nacional sobre despidos injustificados y contagios por covid-19 entre sus empleados”. En su informe alertó sobre 159 quejas recibidas por Conapred, presentadas por personal médico, de limpieza y personas diagnosticadas con el virus. A esos actos discriminatorios agregó las 47 agresiones contra personal de salud en 22 estados del país, de las cuales 80% de las víctimas fue personal de enfermería y 70% mujeres. Las agresiones van desde rociar a la persona con algún líquido de limpieza hasta amenazas con arma de fuego. “En tres eventos de los que se tiene registro, las personas agresoras han sido detenidas y vinculadas a proceso judicial”, detalló la dependencia, y señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reportado 21 agresiones a personal de enfermería en Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango, en tanto que un médico del Hospital General “Amparo Pape Benavides” fue detenido y agredido por policías del municipio de San Buenaventura, Coahuila, para impedirle el acceso a la localidad, donde se encuentra su domicilio. Entre los casos graves se encuentran las “amenazas sobre daño a la infraestructura hospitalaria en algunas comunidades”, ante la oposición de habitantes de que sean centros receptores de enfermos por covid-19, en Axochiapan, Morelos; Sabinas Hidalgo, Nuevo León; Tecamachalco, Puebla; en el Estado de México y Los Reyes, Michoacán. El informe de la Subsecretaría incluyó 141 agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, de las cuales 60 corresponden a personas defensoras y 81 a periodistas, de acuerdo con los reportes del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que incorporó 40 casos nuevos. En materia penitenciaria, el informe de la Subsecretaría refirió que en el Estado de México hay 141 casos de reos infectados por covid-19, quienes se encuentran en aislamiento; en Jalisco hay tres casos, dos de personal técnico y una persona privada de libertad, mientras que en la Ciudad de México habría cuatro casos positivos en personas de nuevo ingreso, que se encuentran aisladas. En cuanto a las personas migrantes, la subsecretaría informó que únicamente están en estaciones migratorias 106, “quienes son atendidas con protocolos de salud”, en tanto que 3 mil 653 ciudadanos de Honduras y el Salvador aceptaron el retorno asistido gestionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración (INM). En tanto, en Tamaulipas la Secretaría de Salud confirmó 16 casos de migrantes infectados con covid-19 en el albergue de Nuevo Laredo, aplicándose pruebas a 42 personas más que se encontraban en el establecimiento. En el informe, la dependencia se refirió a 209 casos de personas hablantes de lengua indígena que dieron positivo al covid-19, la mayoría se encuentran en Quintana Roo (36), Ciudad de México (27), Estado de México (25) y Yucatán (18). En cuanto a la desaparición de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registró 237 casos (132 hombres y 105 mujeres); del total, 87 fueron localizadas con vida y tres sin vida, apuntó la Subsecretaría. Abundó que los estados con mayores reportes de desapariciones en marzo son Guerrero, con 28, Nuevo León (21) y Ciudad de México (18), mientras que hasta el jueves 23 los mayores registros estuvieron en Ciudad de México (13), Sinaloa (12) y Estado de México (10).