CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que, ante la emergencia sanitaria por covid-19, liberó a la mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo recluidos en sus centros de detención. En su boletín, difundido el domingo 26, la dependencia omitió mencionar que lo hizo no por voluntad propia, y mucho menos por humanismo, sino en cumplimiento de una instrucción emitida por un tribunal federal, contra la cual el INM incluso presentó una queja. La dependencia dirigida por Francisco Garduño Yáñez desalojó sus centros de detención “a través de deportaciones ilegales y abandonos en frontera, acciones documentadas por diversas organizaciones y medios de comunicación”, denunció este miércoles Sin Fronteras, que junto con otras agrupaciones de la sociedad civil interpuso el amparo que obligó al INM a liberar a sus prisioneros. En su boletín, el INM sostuvo que “implementó la salida de algunas personas migrantes alojadas en las estaciones migratorias y estancias provisionales, con base en las recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad”. La realidad, según Sin Fronteras, fue muy distinta: el INM --que el año pasado deportó a 141 mil personas y junto con la Guardia Nacional cerró el paso a los solicitantes de asilo centroamericanos para evitar que lleguen a Estados Unidos-- acató una orden judicial dictada por el Juzgado Primero. En un comunicado emitido hoy, Sin Fronteras deploró que el INM deportara de manera masiva a 3 mil 653 personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas –algunas solicitantes de asilo--, sin proteger a los grupos vulnerables, como niños, mujeres embarazadas o personas con riesgos de enfermedades crónicas; por si fuera poco, la dependencia no proporcionó información a los deportados, como era su obligación. Desde el arranque del año, el INM se evidenció por diversas violaciones a derechos humanos: negó la entrada de observadores en sus centros de detención, para que pudieran monitorear la situación ahí adentro; reprimió motines iniciados por personas detenidas que exigían información sobre su estatus migratorio; no implementó estrategias para garantizar la salud de las personas detenidas, y tan sólo en enero y febrero encarceló a 22 mil en sus estaciones migratorias.