OAXACA, Oax. (apro).- Con las consignas “Permanecer en casa no es permanecer callados ni desorganizados” y “Confinados, pero movilizados”, alrededor de 80 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Oaxaca advirtieron que emplearán sus propios métodos de lucha para que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar la salud y la vida de la población frente a la pandemia. En un manifiesto intitulado “Por la salud y la economía populares en el estado de Oaxaca”, exigieron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa dar marcha atrás a los arrestos por salir de casa o no usar cubrebocas, dotar de material a hospitales, garantizar la seguridad laboral, disminuir el riesgo de contagio entre trabajadores de la salud y establecer de manera urgente una política para garantizar el abasto de alimentos en las zonas rurales. También demandaron que el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa transparente el uso los recursos para evitar “que continúe el saqueo criminal contra los intereses y los derechos de la población más desfavorecida”. De igual forma, hicieron un llamado para que las medidas económicas beneficien a la gente más pobre y no a los empresarios. Este miércoles, los inconformes demandaron al gobernador dar marcha atrás a su determinación de arrestar y aplicar multas a quienes salgan de sus casas o no usen cubrebocas, por considerar que esas medidas son contrarias a la Constitución y al andamiaje internacional para la protección de los derechos humanos. Exigieron dejar esa “política represora que busca criminalizar y encarcelar al pueblo desposeído que todos los días necesita salir a las calles para alimentar a sus familias”, y en lugar de ello asumir una política social que permita a la gente quedarse en sus casas. Para hacer frente a la pandemia por el covid-19, urgieron a Murat Hinojosa hacer lo necesario para atender la salud de la población oaxaqueña, mediante la adquisición de materiales, insumos, medicinas y equipos; la contratación de personal sanitario; la recontratación del personal despedido tras la disolución de programas federales, y la ampliación y reconversión hospitalaria. Igualmente, exigieron garantizar la seguridad laboral y disminuir el riesgo de contagio de las y los trabajadores de la salud; hacer del conocimiento público los presupuestos y acciones de Estado para hacer frente de manera integral a los impactos de la pandemia, frente al incremento de la violencia feminicida y el feminicidio, y garantizar el abasto de agua en todas las comunidades del estado. Entre sus demandas incluyeron establecer de manera urgente una política para garantizar el abasto de alimentos en las zonas rurales y en las periféricas con mayor riesgo de presión alimentaria derivada de la pandemia, que incluya el subsidio total a la producción, a la distribución y al consumo de alimentos básicos, a favor de las y los campesinos indígenas de Oaxaca. También cuestionaron el programa para la estabilidad económica, y requirieron al gobernador que “antes de presupuestar los multimillonarios apoyos para los empresarios” atienda de manera prioritaria a la mayoría de la población afectada por el aislamiento, como las personas empleadas en el sector informal o con empleos temporales, con medidas como seguro de desempleo o renta universal. Al Congreso local le pidieron que en el contexto de la pandemia legisle para obligar al Poder Ejecutivo a atender como prioridad la salud y la vida de la población; vigilar el uso los recursos para evitar “que continúe el saqueo criminal contra los intereses y los derechos de la población más desfavorecida”, y cuidar que las medidas económicas beneficien a los sectores realmente necesitados. De igual manera, plantearon que en la emergencia sanitaria también ha aumentado la violencia contra las mujeres, “sin que el gobierno del estado muestre una política clara dirigida a prevenir, atender y sancionar las agresiones por razón de género en el contexto del confinamiento, omisión que en sí misma es también una manera de violencia de género cometida desde las instituciones del estado”. Subrayaron: “Las autoridades tampoco ofrecen opciones para descargar a las mujeres de la cuádruple jornada que enfrentan durante la cuarentena, como proveedoras económicas, como responsables del trabajo doméstico, como sustitutas de las instituciones educativas y como encargadas de las labores de atención y cuidados de niñas y niños, de personas adultas mayores y de personas enfermas”. Aun en el contexto de la crisis sanitaria, añadieron, la salud no es una prioridad para el gobernador, quien no ha hecho públicos los recursos que destina para ello, frente a la debilidad del sistema de salud del estado, “caracterizado por la insuficiencia de medicamentos, equipo, insumos, infraestructura y personal médico, que por lo general tiene que sufragar los gastos de su propia protección”. Si bien el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud es un fenómeno mundial, determinado por el avance del capitalismo, en el estado de Oaxaca –recalcaron-- adquiere dimensiones criminales, pues desde hace décadas ha sido saqueado por los gobernantes que se han sucedido unos a otros, en latrocinio que aún hoy continúa con total impunidad. Entre las organizaciones firmantes figuran Servicios para una Educación Alternativa, Comité de Familiares y Amigos de Damián Gallardo, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Servicios del Pueblo Mixe, Maderas del Pueblo del Sureste y Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas. También la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca, Centro Calpulli, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca, Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl, Colectivo Mujer Nueva, Centro de Derechos Humanos Tepeyac Sección XXII y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).