CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) anticiparon una contracción importante de la actividad económica nacional en el primer semestre del año, sin embargo, reconocieron que aún se desconoce la magnitud y duración de los efectos de la pandemia del covid-19, ya que la información disponible aún es limitada.
Al dar a conocer la
Minuta número 75 de la reunión de la Junta de Gobierno, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 21 de abril de 2020, a la que asistieron el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, los subgobernadores Jonathan Heath, Gerardo Esquivel, Irene Espinosa, Javier Eduardo Guzmán, así como el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera y el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio, uno de ellos de plano comentó que la economía mexicana puede registrar en 2020 su mayor contracción desde la Gran Depresión.
La mayoría mencionó que los efectos del choque ya se observan en diversas variables como los indicadores de confianza del consumidor y empresarial, el gasto en tarjetas de crédito y débito, los pedidos manufactureros, los tres índices de gerentes de compras, las ventas de vehículos, el tránsito aéreo y terrestre, así como la ocupación hotelera y el flujo de turistas.
Por otra parte, la mayoría advirtió que el entorno adverso que enfrenta la economía nacional derivado de la pandemia y de los menores precios del petróleo se ha visto agravado por factores idiosincráticos.
En este contexto, destacaron las recientes reducciones a la calificación de la deuda soberana y de Pemex por parte de tres agencias. Puntualizaron que una ubicó a la deuda soberana en un nivel superior a la pérdida de grado de inversión y que dos de ellas ubicaron la deuda de Pemex por debajo del grado de inversión.
Pemex, bajo la lupa
Pemex es motivo de preocupación en el seno del Banxico.
Uno notó que estos ajustes que realizaron las calificadoras obedecieron a preocupaciones respecto a la caída en los precios del petróleo; la fragilidad de las finanzas públicas; la sostenibilidad financiera de Pemex, y el debilitamiento institucional derivado de políticas internas.
Añadió que, si bien el mercado ya había descontado estos ajustes, es previsible que se observen ventas adicionales de dichos activos por parte de inversionistas y que ello propicie un mayor apretamiento de las condiciones de financiamiento de la empresa y del país, lo cual podría obstaculizar la recuperación una vez que pase la emergencia sanitaria.
Otro indicó que la caída en los precios del petróleo se ha traducido en una reducción de los ingresos y la rentabilidad de Pemex, así como en mayores primas de riesgo de sus bonos.
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Sobre el actuar del gobierno en la pandemia, un integrante señaló que son indispensables medidas fiscales que atiendan los efectos de la emergencia sanitaria y apoyen a micro, pequeñas y medianas empresas y a hogares de menores ingresos.
Agregó que para ello se requiere de una reevaluación de las prioridades y la implementación de esquemas que permitan una mayor participación del sector privado en los proyectos de inversión pública con alta rentabilidad social y económica.
No obstante, otro miembro consideró que actualmente se cuenta con un espacio limitado para contratar deuda adicional.
Sostuvo que existe espacio para flexibilizar la política monetaria y así poder reducir el costo financiero del gobierno. Mencionó que tan solo en 2019, los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda del sector público ascendieron a más de 900 mil millones de pesos, es decir, alrededor de 4% del PIB.
Concluyó que reducciones de la tasa de política monetaria también podrían ayudar a la salud de las finanzas públicas liberando espacio para incrementar deuda y así poder estimular a la economía.
La inseguridad, foco rojo
El otro punto que genera preocupación es la inseguridad.
La mayoría coincidió en que es importante generar políticas públicas que den certidumbre para la inversión privada. Asimismo, mostraron alarma por el deterioro del Estado de derecho y la persistente inseguridad, lo cual se traduce en un ambiente poco propicio para la inversión.
Algunos notaron que los choques externos agravaron una problemática que ya se venía gestando, la cual era principalmente resultado de la falta de confianza derivada de decisiones de política pública, así como del deterioro del Estado de derecho, del marco institucional y de la seguridad pública.
Uno mencionó que marzo culmina como el mes más violento en 18 meses, por número de ejecuciones y homicidios.
“No existe planta productiva que pueda soportar condiciones de inseguridad de esta magnitud; se trata de una agenda indispensable para la reactivación económica. En este sentido, ninguna medida monetaria o fiscal podrá ofrecer los beneficios esperados si no se cuenta con la confianza para invertir”, señaló uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.
