CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ya tiene abierta una carpeta de investigación por el delito de “quebrantamiento de sellos” contra las empresas Grupo Nach y Staff E&I, que realizan labores de call center para Grupo Salinas. En tanto, el gobierno capitalino trabaja en las sanciones administrativas correspondientes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada esta mañana sobre las sanciones a las que serán sometidas esas empresas, luego de que ayer burlaron la suspensión de los trabajos en el edificio ubicado en el número 911 de la calle Rascarrabias, en la colonia Vértiz Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Nota relacionada: [embed]https://www.proceso.com.mx/628786/vuelven-a-clausurar-call-center-de-grupo-salinas-en-la-cdmx[/embed] Así respondió: “Son sanciones en el ámbito laboral, sanciones en el ámbito administrativo que son multas, y el Invea (Instituto de Verificación Administrativa) está presentando denuncia penal contra la empresa”. La mandataria capitalina aseguró que la denuncia en la FGJ “es por distintas razones: tanto por el tema de la contingencia (sanitaria) como por el tema de que no acataron las disposiciones oficiales de tener que suspender el negocio, porque no son actividades sustantivas”. Además de las consecuencias penales que podría haber por la denuncia penal, Sheinbaum dijo que el Invea y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo trabajan en las sanciones laborales y administrativas que podrían ser impuestas contra dichas empresas que funcionan como call center para Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego. En relación con el empleado que fue despedido de dichas empresas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sugirió que “de inmediato se comunique con la Procuraduría del Trabajo para que se le pueda dar toda la asesoría jurídica”. Nota relacionada: [embed]https://www.proceso.com.mx/628690/call-center-grupo-salinas[/embed] Ayer, el Invea emitió un comunicado donde explicó que el pasado lunes 4, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, hizo una visita de verificación a la empresa mencionada. Durante la diligencia, el personal implementó como medida cautelar la suspensión de actividades, dado que en el lugar se realizaban actividades “no esenciales”. Un día después, verificadores y personal de la alcaldía Benito Juárez hicieron las “acciones consistentes en que la policía adscrita a la alcaldía puso a disposición del Ministerio Público a una persona del sexo femenino”. El Invea –añadió-- realizó la denuncia penal correspondiente por la probable comisión del delito de quebrantamiento de sellos de suspensión de actividades, debido a que los empleados ingresaron nuevamente a realizar las actividades que fueron motivo de la suspensión el lunes. Por último, aclaró que la parte de la integración de la carpeta de investigación y las determinaciones dentro de la misma le corresponden a la FGJ de la Ciudad de México. El Invea aseguró a apro que las sanciones a dichas empresas se aplican con base en las leyes de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. No obstante, aclaró que cuando se impone un sello de suspensión de actividades, “se lleva a cabo un procedimiento de substanciación, en el cual se le da oportunidad al verificado de aportar pruebas. Una vez que se le da su derecho de audiencia, se emite la resolución correspondiente”.