Archivo | Confirmado: el gobierno de Calderón sabía de “Rápido y furioso”

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El expresidente Felipe Calderón ha insistido en que su gobierno no supo en su momento del fallido operativo “Rápido y furioso”. Por ese motivo, Andrés Manuel López Obrador anunció hoy el envío de una nota diplomática a Estados Unidos, a fin de que se transparenten aquellas acciones. Sin embargo, en 2014 este semanario documentó que las autoridades mexicanas no sólo estuvieron al tanto del programa, sino que incluso cooperaron con el tráfico de armas. Por ser de interés para los lectores, Proceso reproduce el reportaje publicado en el número 1978 del 28 de septiembre de 2014.

Los operativos Rápido y furioso y Receptor abierto -mediante los cuales los gobiernos mexicano y estadunidense traficaron armas que terminaron en manos del crimen organizado, supuestamente con el fin de localizar a los integrantes de la mafia- no sólo fueron ilegales sino que resultaron en un fracaso rotundo: La PGR nunca dio con los delincuentes buscados y, en cambio, fusiles y pistolas sirvieron para cometer decenas de actos criminales, entre ellos la matanza de Villas de Salvárcar. Los procuradores de los dos sexenios panistas siguen alegando ignorancia, pero las evidencias los condenan…

WASHINGTON/MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Felipe Calderón, en particular la Procuraduría General de la Republica (PGR), siempre estuvo al tanto e incluso cooperó en el tráfico de armas de Estados Unidos en operaciones encubiertas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Según John Dodson, agente de la ATF, “el representante de la PGR (Carlos Fernando Luque Ordóñez) estuvo varias veces en las oficinas de la ATF, en Phoenix, Arizona, para ser informado e informar sobre el procedimiento de las operaciones Rápido y furioso y Receptor abierto”, mediante las cuales se enviaron a México unas 2 mil 500 armas largas que acabaron en manos de narcotraficantes.

Luque “incluso ayudaba en el desarrollo de estas operaciones con la notificación y respaldo, según decía, de sus jefes en la Ciudad de México”, añade el agente estadunidense en entrevista telefónica con Proceso.

Este personaje, a quien después del escándalo desatado por Rápido y furioso se le perdió el rastro en Arizona, es hijo del general Carlos Fernando Ordóñez Luna, jefe de inteligencia militar a finales del sexenio de Ernesto Zedillo.

Asignado ahora a la ciudad de Tucson, Arizona, Dodson participó en Rápido y furioso y fue uno de los primeros agentes federales de Estados Unidos en denunciar públicamente, en 2011, este operativo como “ilegal”.

Precisa: “El representante de la PGR en Arizona cooperaba en ambas operaciones con la identificación de personas (en México) a quienes llegarían las armas y proporcionando el número de placas de los automóviles en los cuales se pasarían a México”.

Al señalamiento de Dodson se suman documentos de la propia ATF que revelan el conocimiento y participación de representantes del gobierno de Calderón para la entrega controlada de las armas, que según el gobierno estadunidense tenían el objetivo de rastrear a los cárteles mexicanos.

Ante esas evidencias, la organización no gubernamental Desarma México presentó la semana pasada ante la PGR una denuncia contra funcionarios calderonistas por su “responsabilidad y/o complicidad” en ese tráfico de armas durante ambos operativos, realizados entre 2006 y 2011, iniciados en el gobierno de Vicente Fox y extendidos prácticamente todo el sexenio de Calderón.

La demanda fue anunciada el martes 23 en el Seminario sobre Violencia en México en El Colegio de México. El abogado Gonzalo Aguilar Zinser, de Desarma México y uno de los firmantes de la denuncia, aseguró que ésta se apoya en la figura de víctimas directas, pues a futuro esas armas pueden ser accionadas contra alguna de ellas. “Eso me da derecho para que se investigue y castigue a los que permitieron su entrada”, dijo.

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Fuera de control

Las armas ingresaron a México primero a través del operativo Receptor abierto y luego con Rápido y furioso. Éste se inició a finales del gobierno de Vicente Fox, en 2005, cuando era procurador general Daniel Francisco Cabeza de Vaca, ahora integrante del Consejo de la Judicatura Federal a propuesta del guanajuatense.

Las operaciones fueron planeadas por Washington presuntamente para contener el tráfico ilegal de armas a México y detener a los traficantes. La idea era que la ATF supervisara este tráfico ilegal para rastrear el paradero de las armas. Así, la oficina de la ATF en Phoenix contrató a cerca de una treintena de compradores, todos ellos residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos.

Con la colaboración de los agentes de la ATF, los compradores hacían adquisiciones múltiples de todo tipo de armas, especialmente fusiles AK-47 y R-15, así como rifles y pistolas semiautomáticas, para luego llevarlas a la frontera con México y de ahí, con sus socios mexicanos, enviarlas a sus destinatarios, en su mayoría narcotraficantes (Proceso 1975).

El flujo se salió del control de los agentes de la ATF en Phoenix y nunca pudieron determinar el paradero de 2 mil 500 armas largas hasta que el 14 de diciembre de 2010 presuntos traficantes de mariguana mataron con un fusil AK-47 -obtenido a través de Rápido y furioso- a Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense.

Con el asesinato de este elemento surgió a la luz el escándalo del tráfico ilegal de armas a México supervisado por la ATF, lo que provocó fricciones aparentes en la relación con el gobierno mexicano.

En 2011, cuando detonó el escándalo -producto de una investigación del International Consortium of Investigative Journalists, con sede en Washington-, la PGR, entonces a cargo de Marisela Morales, aseguró que no tenía conocimiento de la operación. Morales es ahora cónsul de México en Milán, Italia.

Dodson sostiene lo contrario: “El agente de caso Hope MacAllister y el representante de la PGR en Arizona trabajaban activamente desde un principio en las operaciones encubiertas de Rápido y furioso para el tráfico de armas, para rastrearlas y supuestamente recuperarlas”.

Tachado de “soplón” desde que en febrero de 2011 denunció los operativos fallidos de sus jefes en Phoenix, insiste: “Yo vi en 2009, en 2010 y en esa noche de febrero de 2011 -cuando por el caso del agente Terry se puso fin a Rápido y furioso en las oficinas de la ATF en Phoenix- al representante de la PGR en Arizona”.

MacAllister, el supervisor de grupo David Voth y el agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix, William Newell, según lo narrado por Dodson, siempre insistieron en que Luque Ordóñez cooperaba y trabajaba en las operaciones, presuntamente cumpliendo las órdenes de su jefe en la Ciudad de México, el entonces procurador general de la Republica Eduardo Medina Mora.

“Es muy grave que en México nunca se haya hecho una investigación a fondo del asunto”, comenta Dodson. “No se han recobrado todas las armas que se traficaron con Rápido y furioso, no han podido resolver el problema de cómo rastrearlas; pero lo más lamentable es que a la gente ya no le importe el caso”, agrega el agente federal, quien no ha podido ser despedido pero está marginado ahora en Tucson, haciendo trabajo burocrático.

En 2009 y hasta poco después de que se conociera el trasfondo de Rápido y furioso y Receptor abierto, Luque Ordóñez fungía como agregado de la PGR en Arizona. De acuerdo con versiones de varios diplomáticos que en esos años trabajaron en el consulado de México en Phoenix, una vez que se conoció el escándalo de Rápido y furioso, Luque Ordóñez simplemente desapareció del estado de Arizona y nunca más se le volvió a ver en Phoenix. Antes de ser agregado de la PGR en Arizona fue director de delitos de trafico para el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

Su registro más reciente como funcionario público data de mayo de 2010, cuando era director adjunto en la Dirección General de Agregadurías en la PGR, a la cual ingresó el sexenio pasado. En el Cenapi, entre 2007 y 2008, su cargo formal fue el de director de Grupos Armados y Terrorismo, encargado de la investigación de delitos federales relacionados con esa área.

Antes, de 2003 a 2007 trabajó en digitalización de información en el Banco de México, y de 2000 a 2002, en el jurídico de la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México.

Negligencia o injerencia

La participación de otros funcionarios mexicanos también ha quedado demostrada durante la investigación del Congreso estadunidense. En el anexo 20 del documento Rápido y furioso: La anatomía de una operación fallida, elaborado por la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes y la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, se hace referencia al plan operativo del caso, fechado el 26 de septiembre de 2007, según el cual “agentes de la ATF se comunicaron con autoridades mexicanas para organizar una entregada controlada de armas”.

Añade el plan operativo: “La ATF ha trabajado recientemente de manera conjunta con México en el primer intento para tener una entrega controlada de armas traficadas hacia México… Los primeros intentos de estas entregas controladas no han sido exitosos… El agregado de la ATF en la Ciudad de México ha informado sobre este intento de entrega controlada al procurador general”.

El plan era que las autoridades mexicanas vigilaran y siguieran a los traficantes una vez que cruzaran la frontera hasta el punto de entrega de las armas. Pero se sabe que cuando los sospechosos cruzaron la frontera con 19 armas de alto poder, las autoridades mexicanas perdieron la pista, refiere la demanda presentada por Desarma México.

Los denunciantes le piden a la PGR que investigue la colaboración que pudieron tener funcionarios mexicanos, pues inicialmente Rápido y furioso consideraba que las armas que se entregaran a los traficantes tuvieran chip o localizador digital, pero al final se buscó su identificación balística una vez utilizadas o aseguradas. También demandan que determine si funcionarios mexicanos o extranjeros cometieron delitos en territorio mexicano.

En su demanda, Desarma México presume que las autoridades mexicanas enviaban información balística de casos relacionados con esas armas a autoridades estadunidenses o éstas directamente intervinieron en asuntos policiales en territorio mexicano para su rastreo.

En tal caso, dice, los funcionarios del pasado gobierno mexicano necesariamente hubieran tenido que permitirles el libre acceso a escenas del crimen. La PGR debe investigar bajo qué figura jurídica se habría permitido esa presencia o si fue una “absoluta negligencia” de las autoridades mexicanas de entonces, aseguran.

Resultaría más grave si estos posibles delitos hubieran sido perpetrados por miembros del gobierno mexicano encargados de la procuración de justicia o pertenecientes a cuerpos de policía o a las Fuerzas Armadas, exponen los denunciantes.

El tráfico ilegal de armas, a cargo tanto de agencias gubernamentales estadunidenses como presumiblemente mexicanas, resultó en el homicidio, secuestro, extorsión y asalto a mano armada de civiles y policías, añaden.

Uno de esos casos fue el de la matanza de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, en enero de 2010, cuando fueron asesinados 17 adolescentes y 12 resultaron heridos.

“Nuestras autoridades no sólo no cumplieron con su obligación de impedir el tráfico ilegal de armas a nuestro país, sino también, de manera cuestionable e irresponsable, presumiblemente permitieron su introducción”, indica la denuncia firmada por Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Gonzalo Aguilar Zinser, Felipe Gómez Mont Landerreche, José Miguel Castillo Hernández, Paulina Arriaga Carrasco, Javier Shütte Ricaud y Daniel Téllez Santana.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR.

“Pedimos que se determine si funcionarios del gobierno de México participaron en el delito del tráfico de armas y en qué medida. Asimismo, exigimos que, en su caso, se les responsabilice de la puesta en peligro de la sociedad al vulnerar la seguridad pública”, sostiene la denuncia.

Frente a las declaraciones de Dodson respecto a la activa participación de Luque Ordóñez en Rápido y furioso y Recepción abierta con la anuencia de la PGR en la Ciudad de México, Proceso buscó al exprocurador Medina Mora, ahora embajador en Washington.

El embajador estaba en Nueva York acompañando al secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, quien participaba en las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero declinó hacer cualquier comentario respecto a la luz verde que le dio a Luque Ordóñez de colaborar con la ATF en Phoenix.

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