MÉXICALI, B.C. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá en breve cuándo será el fin de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez. Éste, a su vez, busca marcar el destino último del agua en la entidad: decidirá por encima de la federación si la entrega a una cervecera, a una minera o a la población para uso doméstico. El Ejecutivo estatal, pues, dispondrá del agua. O al menos eso prevé la iniciativa de ley confeccionada desde las oficinas gubernamentales y que el Congreso local prevé votar en los siguientes días. Así, esta segunda semana de mayo será crucial para Baja california… y para Estados Unidos, dado que la aprobación de dicha ley será aún más importante que si Bonilla Valdez gobierna por dos o cinco años, ya que el “estado” tendrá la potestad para “administrar y custodiar” las concesiones y asignaciones de agua. Pero no sólo eso, será juez y parte, en virtud de que la reforma considera que el estado hará “los inventarios de agua” y dirá cuáles son “las reservas hidrológicas”. Después podrá reconcesionar el líquido que la federación “asigna” a los organismos operadores en la entidad. Investigadores que lograron frenar la privatización del agua el sexenio pasado, a través de la llamada “ley Korenfeld” –entre ellos Miguel Ángel Montoya, consultor parlamentario y gestor independiente en materia de gestión integral del agua--, concluyeron lo anterior tras analizar las consecuencias de las reformas planteadas por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez. Además, la especialista en materia de agua e integrante del colectivo Agua para Todos, Elena Burns, considera que Estados Unidos presiona para que la entidad pueda disponer del uso final del agua, dado que la crisis hídrica en el suroeste del vecino país y sus industrias, que consumen grandes cantidades del líquido, requieren de él y “ya están invadiendo Baja California y generando enormes presiones”. “La lucha que se está dando ahorita en Baja California, igual que en 2017, es la lucha de todo México. Si no se logra frenar el modelo donde el gobierno estatal está controlando, abriendo el acceso al agua en zonas de gran estrés hídrico, si no se pone una barrera ahí, a través de instituciones democráticas que planeen para el bien común de ahora, el futuro de Baja California estará en riesgo”, sostiene. [embed]https://www.proceso.com.mx/615757/reactivan-protestas-contra-constellation-brands[/embed] Otra controvertida ley Bonilla El 10 de abril, los colectivos locales en defensa del agua prendieron nuevamente las alarmas. Su preocupación por la cervecera Constellation Brands no terminó el 23 de marzo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de los permisos, luego de la consulta pública en la que mayoritariamente los participantes rechazaron la presencia de la empresa. La maestra Alma Aracely Piña, integrante de Resistencias Unidas en Defensa del Agua, colectivo que aglutina a diversos grupos de lucha, recuerda que al enterarse de la reforma bonillista, advirtieron que se abre la posibilidad de que Constellation Brands reinicie los trámites para quedarse en Mexicali una vez aprobada y publicada la citada ley. Se trata de un conjunto de modificaciones a diversas normas que dan vida a la “Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua”, a la que se le faculta a decidir en última instancia qué hacer con el líquido que hoy la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la Ley de Aguas Nacionales, autoriza, entrega y principalmente administra. El paquete de reformas que llegó al Congreso local, el pasado 6 de abril, justifica los cambios bajo la urgencia de cuidar el agua, y en su exposición de motivos establece: “Se propone que esta nueva dependencia cuente con amplias facultades para la supervisión, ejecución, control y sanción del agua tanto de jurisdicción estatal como aquella que ha sido concesionada al Estado por la Federación, para su uso agrícola, ganadero, doméstico, comercial e industrial, así como la recuperación de aguas tratadas, residuales, desaladas, para dar mayor eficiencia al uso en todas las modalidades”. Miguel Ángel Montoya, quien asesoró en materia de agua a más de cuatro legislaturas federales y hoy se desempeña como consultor independiente, considera preocupante la propuesta del gobierno de Bonilla, pues en los hechos “esta secretaría tiene la facultad para hacer suya el agua, es decir, la convierte en jurisdicción del estado y luego la reconcesiona; eso es lo que pasó de algún modo con el tema de la cervecera Constellation Brands. ¡Eso sí es grave!”. [embed]https://www.proceso.com.mx/622103/colectivos-en-defensa-del-agua-se-amparan-contra-consulta-de-amlo-en-bc[/embed] Las reformas incluyen a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California para dar vida a la nueva secretaría y crea el artículo 38 BIS, donde delinea sus facultades en el párrafo XIX: “Gestionar ante la Federación, la celebración de las concesiones y asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en cantidad y calidad, que estén bajo la administración y custodia del estado, y de la prestación de los servicios públicos de agua”. El especialista explica que, si sólo fuera para supervisar, el cambio estaría bien, pues varios de los problemas con el uso agrícola e industrial del agua “es que la Conagua ha descuidado sus áreas de inspección y los usuarios hacen lo que quieren”. Sin embargo, alerta sobre la inclusión de las palabras “administrar y custodia”, ya que “si un estado tiene la potestad de las aguas asignadas por la federación, puede volverles a dar otro uso”. El gobierno estatal, detalla, puede darle los usos que quiera o permitir transmisiones de agua, esto es, cambiar un uso agrícola a uso industrial, lo cual está prohibido actualmente. “Es lo que pasa en Mexicali, que de pronto lo que debe ser nada más para el servicio público o agrícola se lo da a los industriales; luego de que Constellation compró permisos para uso agrícola, lo entregó al organismo operador del agua, y luego éste le dio el permiso para uso industrial por sobre el uso doméstico”, apunta. Esa fue una manera de que el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid le diera vuelta a la ley. Con esta propuesta, añade, dándole al estado “la administración”, puede determinar ese criterio: que en una concesión, que es una asignación, y que tendría que ser nada más para el servicio público, el estado decida emitir un acuerdo de carácter general para que un porcentaje de mis asignaciones o concesiones que la federación me dio, pueda disponerlo para la industria o la minería. ¡Eso es lo grave!”. La reforma, sostiene el especialista, tiene vicios de inconstitucionalidad, ya que el artículo 27, párrafo sexto, no faculta a los estados a “administrar” el agua. Pero por otro lado excede lo que dice la Ley de Aguas Nacionales, que es la que establece que es la Conagua quien administra las aguas nacionales. “No quiero pensar que esta reforma se propone para que la cervecera, ahora que se cancelaron sus permisos, pueda regresar y pedir la autorización al gobierno del estado y que éste, con estas nuevas facultades, se los dé. “Sí estamos en ese escenario donde el gobierno se abrogue facultades para cambiar los usos de agua y favorecer a la industria. Eso es lo que implica esa reforma”. [embed]https://www.proceso.com.mx/621496/infraestructura-exencion-de-impuestos-becas-agua-todo-para-constellation-brands[/embed] Privatización hormiga Elena Burns, integrante del colectivo Agua para Todos, advierte que a raíz del freno a la privatizadora “ley Korenfeld”, distintos estados de la República han impulsado cambios en sus leyes locales para ofrecer “privatizaciones en paquete”. Esta propuesta del gobernador Bonilla, abunda, adolece de lo mismo. Coincide en que la Constitución faculta sólo al Ejecutivo federal y a los municipios para establecer los servicios de agua y saneamiento, sin incluir a los gobiernos estatales. Por ello, explica, para los procesos de privatización, las empresas requieren de la autoridad estatal, “así lo hemos visto en Quintana Roo, Puebla y Veracruz”. En este último caso, por ejemplo, el gobierno del priista Javier Duarte, actualmente en prisión, realizó modificaciones que permitieron a varios municipios conurbados al puerto entregar a la empresa brasileña Odebrecht la administración del servicio de agua potable. Burns subraya: “Se cambia la ley estatal, se faculta al gobierno del estado para empezar a organizar los paquetes vendibles a las empresas. Y aquí (ley bonilla) es totalmente en ese sentido”. Estos cambios “es otra forma de sacar tajada, de servir a alianzas, estar controlando el movimiento de agua desde distintas zonas del país, indígenas o campesinas, etcétera. Desde distintos distritos de riego y hacerla disponible a las industrias”, recalca. Y acota: “Sí estamos viendo, como vimos en Tabasco, que el gobierno estatal quiere entrar también a la gestión del manejo del agua de uso agrícola. No hay base constitucional, pues el artículo 27 no permite la participación de este nivel de gobierno. Pero es justo ahí donde está el agua, donde están los usos agrícolas; es el agua que se consiguió, por ejemplo, para Constellation Brands”. Con esta secretaría se está diciendo: “Ya, gobierno del estado, le vamos a entrar en todo… la secretaría sería la agencia para facilitar todos los acomodos que se necesitan. Si necesitan agua de distrito de riesgo, perfecto, le ayudamos a organizarlo. “Exactamente como intentó hacer el gobierno estatal de Baja California para Constellation Brands. Ese modelo de futuro no se ha parado y va a seguir, es una presión enorme y es una pérdida de soberanía. Esta oficina estaría ahí al servicio de terceros”, resalta. [caption id="attachment_601208" align="aligncenter" width="1200"] El proyecto de una planta cervecera de la transnacional estadunidense Constellation Brands. Foto: cbrands.mx[/caption] Debido a lo sensible del tema del agua, el Congreso local invitó a la sociedad civil a participar en una especie de parlamento abierto, donde se presentaran propuestas que sumaran a “esta noble” iniciativa. En plena pandemia --del 28 de abril al 4 de mayo--, el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, el morenista Elí Topete Robles, recibió a la “sociedad civil” e incluyó a las resistencias unidas. En su nombre acudió la maestra Alma Aracely Piña. Durante la sesión del pasado sábado 2, Piña anunció el rechazo total a la iniciativa y pidió que explicaran al pueblo “los motivos que tienen y que los presionan a legislar por internet en tiempos de pandemia”. De acuerdo con las resistencias, subrayó durante la sesión, no se requiere un nuevo organismo para realizar el manejo, saneamiento y protección del agua, pues ya se tiene a las comisiones locales en cada municipio. Los participantes exigieron que se discuta la reforma después de que se reforme la Ley Nacional de Aguas que está en el Congreso de la Unión, pero sobre todo que el gobierno de Jaime Bonilla cumpla con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que le exigió que explique cuándo vence el contrato de agua que el municipio le entregó a la cervecera Constellation Brans, y por haberse cancelado desde la federación los permisos a esta empresa se debieron de haber anulado todos los permisos locales. Antes que promover y discutir esta reforma, abundó Alma Aracely Piña, el gobierno de Jaime Bonilla debe usar los 500 millones de pesos que se destinarían para llevar el agua a la empresa cervecera y que se apliquen en el ramal del acueducto para llevar agua a la ciudad de Ensenada. La discusión de la citada reforma, adelantó la activista, está programada para el jueves próximo en el Congreso local, donde Morena tiene 17 de los 25 diputados locales. La manera de frenarla, una vez avalada, es que la minoría de legisladores locales, es decir PRI, PAN, MC y el partido local Transformemos, o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acudan a la SCJN con un recurso de inconstitucionalidad.