La Suprema Corte echa abajo la Ley Bonilla

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, y Jaime Bonilla, gobernador de BC. Fotos: Benjamín Flores y Octavio Gómez Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, y Jaime Bonilla, gobernador de BC. Fotos: Benjamín Flores y Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la reforma jurídica que ampliaba el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, por lo que se invalidó el decreto que cambiaba el octavo artículo transitorio de la llamada Ley Bonilla.

Por unanimidad, el pleno del máximo tribunal resolvió que el Congreso de Baja California buscaba cometer un fraude a la Constitución simulando el respeto a la misma, además de violar el derecho al voto y el principio constitucional de no reelección, al modificar una ley electoral un mes después de que se celebraron los comicios para elegir gobernador.

Un efecto inmediato de la resolución, votada también por el pleno, es que las elecciones para gobernador de Baja California que el Congreso estatal intentó aplazar hasta el 2024, deberán realizarse en el 2021, por lo que el inicio formal de la contienda tendrá que arrancar en los últimos meses del 2020.

“Un gran fraude a la Constitución”

El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, advirtió que la llamada Ley Bonilla representaba “un gran fraude a la Constitución” que violaba el principio constitucional de no reelección que establece la Carta Magna al pretender alterar los resultados de un proceso electoral ya concluido.

Zaldívar Lelo de Larrea explicó que, de acuerdo con todas las pruebas contenidas en el expediente, el proceso electoral para elegir el gobernador de Baja California “inició, se desarrolló y concluyó con un artículo transitorio en el que se establecía que la gubernatura iba a durar solamente dos años”, por lo que fueron invalidados todos los intentos previos de modificar el artículo octavo transitorio de las leyes electorales estatales.

Agregó que ante esa evidencia no existía ninguna justificación legal para ampliar el periodo para el cual fue electo el gobernador de Baja California, norma que buscaba una aplicación retroactiva en beneficio de una persona, Jaime Bonilla.

“Con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir su régimen interior, la legislatura local fraguó en realidad un fraude a la Constitución. Ya he dicho en otra ocasión en este Tribunal Pleno, que el fraude a la Constitución no es un término retórico, sino un ilícito constitucional atípico, un término técnico que esencialmente simula un acto o una norma que son compatibles con la Constitución, cuando no lo son”,  sentenció.

Veda electoral

Agregó que la norma impugnada y posteriormente invalidada violó la llamada  “veda electoral” establecida en el artículo 105 constitucional, el cual prohíbe cualquier tipo de reforma a las elecciones cuando está en curso un proceso electoral.

Zaldívar dijo que derivado de esa violación a la Carta Magna se afectaron otros principios constitucionales esenciales como el principio de elecciones periódicas libres, el derecho a votar y a ser votado, el principio de no reelección y la prohibición del artículo 14 constitucional de realizar reformas legales que tengan efectos retroactivos en beneficio o perjuicio de un sector de la población.

“Adicionalmente –y de manera más grave y determinante– me parece que la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, en contravención a los artículos 39, 40, 41 y 116 constitucionales, así como 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que como parte del parámetro de constitucionalidad ampliado ordena la celebración de elecciones periódicas, lo que necesariamente implica que la duración del mandato esté predeterminada”, advirtió.

En este contexto, el ministro presidente de la Corte recordó que “la democracia no se agota en las urnas; implica también el respeto absoluto a la voluntad del pueblo, así como a los términos en que fue otorgada”, lo que incluye la certeza para votar por un cargo y un periodo que no debe ser alterado tras los comicios.

Grave amenaza

La ministra Norma Lucía Piña Hernández calificó la Ley Bonilla como una grave amenaza a la democracia mexicana, ya que ampliar el plazo de un gobernante que ya había sido elegido para un periodo único de dos años trastocaba un principio esencial de la Carta Magna.

El ministro Luis María Aguilar Morales advirtió que el principio de libre configuración que tienen los estados no puede ser utilizado como argumento para violar el principio constitucional de no reelección y la realización de elecciones libres en una entidad federativa.

Durante el análisis de la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley Bonilla, los ministros coincidieron en que reformar una ley para ampliar el periodo para el que fue electo un gobernante, además de poner en peligro la democracia, representaba un fraude a la Constitución, por lo que al final hubo unanimidad en la sentencia que sepultó la llamada Ley Bonilla.

Con esta resolución, el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, sólo podrá permanecer en el cargo hasta el 2021, fecha en que los electores de Baja California deberán votar por un nuevo gobernante estatal.

https://www.proceso.com.mx/629557/entusiasmo-la-corte-b

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