CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reprobaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador negara el incremento de la violencia de género en el contexto del confinamiento domiciliario por la pandemia del covid-19. “No ha aumentado la violencia contra las mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar”, señaló el Ejecutivo la semana pasada. En respuesta, 44 organizaciones de 24 entidades del país afiliadas al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) destacaron que mientras datos oficiales contradicen la afirmación de López Obrador, persiste “la omisión e inoperancia de instituciones federales, lo que podría agudizar la violencia que viven mujeres y niñas mexicanas”. En un pronunciamiento, retomaron información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del primer trimestre del año sobre los 960 asesinatos de mujeres --240 de los cuales fueron clasificados como feminicidio--, así como las “67 mil ochenta y una llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres: 19 mi 183 en enero; 21 mil 727 en febrero y 26 mil 171 en marzo, es decir, 56% más que en el primer trimestre de 2019, cuando se registraron 42 mil 896”, lo que representa un aumento de 24 mil 185 llamadas de emergencia. Ellas pudieron comunicarse al 911, pues las mujeres violentadas “están conviviendo con el agresor, quien suele incomunicar a la mujer y a menudo confiscarles el teléfono”, subrayaron. Nota relacionada: [embed]https://www.proceso.com.mx/629219/en-un-mes-770-mujeres-victimas-de-violencia-familiar-solicitaron-atencion-en-secmujeres[/embed] De igual manera, resaltaron la alerta lanzada por la Red Nacional de Refugios (RNR), en el sentido de que los 69 espacios están al 80 y 100% de ocupación, sin que las administradoras de los mismos tengan recursos extraordinarios para atender a las mujeres en tiempo de contingencia. “Asegurar que ‘hay mucha fraternidad familiar’ significa mitificar la violencia y reproduce estereotipos de género que tienen a las mujeres en la opresión, y las acciones que las autoridades implementen pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es necesario que el gobierno federal y las /los servidores públicos del país dimensionen la violencia feminicida también como una situación grave y urgente”, sostuvieron las organizaciones que integran el OCNF. Destacaron que durante la pandemia han documentado “la negación de las autoridades para tomar la denuncia” de las mujeres que se han atrevido a acudir a las instituciones para dar cuenta de las agresiones sufridas durante la pandemia, así como “el incumplimiento de obligaciones de las pensiones alimenticias, sustracción de menores, incumplimiento y riesgo para el cumplimiento de la guardia y custodia de menores”. Tras insistir en que la violencia contra las mujeres y niñas se ha incrementado con la crisis económica que ha traído consigo la pandemia, las organizaciones también lamentaron el papel de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). “A pesar del preocupante contexto, la Conavim (…) prevalece ausente, insensible e intolerante. Evidencia de ello es que más que acciones estructurales, contundentes y tangibles en esta cuarentena, ha difundido la información que fomenta y reduce a las mujeres con acciones que reproducen los estereotipos de género como la difusión de recetas de cocina, la responsabilidad de los cuidados familiares, etc., en vez de tener una intervención estratégica conforme a su mandato de atender, prevenir y sancionar la violencia feminicida, que va en aumento a nivel mundial”. El comportamiento de la Conavim demuestra que la dependencia “no dimensiona la problemática o simplemente no le interesa abonar para contribuir a disminuir la violencia” contra las mujeres, cuando 28 estados del país tienen declaratorias por Alertas de Violencia de Género. Además de la Conavim, subrayaron, otros funcionarios han faltado a su deber de protección de las mujeres, como el “Fiscal General de la República (FGR) o el titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), quienes han manifestado la intención de modificar el tipo penal de feminicidio, proponiendo incluso su desaparición, lo que significa un brutal retroceso”. Ante la violencia feminicida incrementada por el confinamiento, el OCNF formuló 12 exigencias y recomendaciones para “salvaguardar la vida e integridad de las mujeres mexicanas” en momentos de emergencia sanitaria, garantizando que “las mujeres, sus hijas e hijos prevalezcan en sus casas y que sus agresores salgan de los hogares para frenar dicha violencia, ya que muchas no tienen alternativas, redes familiares o, si las encuentran, se exponen a contagiarse de coronavirus”. Entre otras medidas, resaltan los rondines policiales a los domicilios de las mujeres que cuentan con órdenes de protección; abrir horarios de atención institucional accesibles para las mujeres violentadas en sus hogares; que se destinen presupuestos adicionales para los refugios, y de manera particular para las Casas de las Mujeres Indígenas, cuyo presupuesto fue detenido, además de “no postergar el acceso a la justicia de las mujeres”, realizando audiencias incluso de manera virtual. A los integrantes de la Cámara de Diputados y al Senado de la República, el OCNF pidió que modifiquen el tipo penal de feminicidio y la Ley General de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de manera que “sean progresistas y sin retrocesos”, y a las mujeres feministas y defensoras de derechos humanos “en distintos espacios gubernamentales de poder (…) incidir para que los derechos de las mujeres no sean vulnerados ni violentados”.