CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Integrantes de las Asociaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) solicitaron el apoyo del gobierno federal para diferir el pago de cuotas patronales de seguridad social -como el IMSS, Infonavit, retiro, cesantía y vejez- con el fin de evitar despidos y cierre de empresas, derivado de la crisis causada por la pandemia, porque, de lo contrario, podrían llegar a despedir hasta al 30 por ciento de sus empleados que llegarían a casi 3 mil trabajadores. Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME, señalo que la industria de la seguridad da empleo a unas 650 mil personas en el país y en este momento registra un decrecimiento de un 20 por ciento, debido al cierre de empresas que el gobierno federal consideró no esenciales y tuvieron que disminuir sus plantillas. Derivado de la pandemia, las empresas han tenido que reducir a 15 por ciento de su personal por despidos y confinamiento, pero sin apoyo del gobierno federal, tendrían que dejar sin empleo al 30 por ciento porque su flujo de efectivo se ha reducido por la inactividad comercial Por el cierre de empresas consideradas como no esenciales, las Agrupaciones de ASUME han perdido al menos el 20 por ciento de su mercado y han tenido que desactivar a 15 por ciento de su personal. En videoconferencia de prensa, Armando Zúñiga Salinas estuvo acompañado de empresarios de la seguridad privada como Joel Juárez Blanco, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP); Víctor Presichi, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular mediante GPS (ANERPV); Francisco Avelar, presidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes (UNESPA), que son empresas de seguridad en su mayoría del occidente del país, y Arturo de León Hernández, Presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Ciudad Juárez . Coincidieron en que este sector ya registra una disminución significativa en los ingresos y por lo tato en la liquidez de las empresas, a consecuencia de cartera vencida, cancelaciones o diversas imposibilidades de pago porque se enfrenta a un panorama de mayores costos y menores ingresos. “Los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia como es el equipamiento de nuestros colaboradores para poder prestar el servicio con un margen amplio de seguridad y evitar los contagios, así como la reducción de los servicios de transporte, han obligado a tomar medidas extremas para poder cumplir a nuestros clientes y al país en sus áreas estratégicas, a un costo mayor de las empresas”. Sobre este punto, asegura que las empresas de seguridad privada afiliadas a ASUME, enviaron a sus casas con goce de sueldo, a los empleados catalogados como en situación “vulnerable” que padecen alguna enfermedad como diabetes, enfermedades respiratorias, etc. Y señaló que por lo pronto le han reportado 10 fallecimientos a consecuencia del Covid-19; sin embargo, no se sabe con precisión cuantos se han contagiado, por lo que elaborarán su censo. Además, esta industria se ocupa de la seguridad de hospitales como el IMSS, ISSSTE y sector salud, así como de farmacias, centros comerciales, por lo que ante la baja de la actividad del ramo, consideran que diferir los pagos de sus obligaciones patronales, les ayudará a mantenerse operando, pues de esta manera, el 80 por ciento del flujo de efectivo de las empresas, podrá seguir destinándose a pagar nóminas y otros costos fijos, que de no hacerlo, podrían paralizar la operación por falta de liquidez. “En cuanto a empleos o bien se han mantenido o la pérdida no ha superado el 15 por ciento. Sin embargo, de no generarse los apoyos necesarios de manera urgente, el desempleo en el sector podría incrementarse hasta en un 30 por ciento”, coinciden los ponentes. Esta petición busca aliviar las presiones monetarias para la empresa, pues podrá cumplir con sostener sus nóminas, el pago a empleados, proveedores y gobierno: “Si bien la demanda de servicios de seguridad aumentó, la economía de las empresas de la industria se está viendo severamente comprometida por varios factores como la inminente reducción en las actividades de la prestación de servicios y en la logística operativa”, señala. Desde el inicio de la pandemia, ASUME colabora con el Gobierno Federal y con las secretarías de Seguridad Pública, con los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y Sinaloa, con el fin de reportar cualquier emergencia que se desarrolle en su esfera de competencia como la posibilidad de saqueos, la ubicación de tumultos de personas y cualquier emergencia policial, como en el caso de los saqueos a tiendas, logrando desactivar 80 intentos.