COLIMA, Col. (apro).- Por el retraso en la entrega de las cuentas públicas correspondientes a enero, febrero y marzo, el Poder Ejecutivo deberá pagar multas que oscilan entre los 13 mil 32 pesos y 86 mil 880 pesos por cada mes de omisión, señaló el presidente de la Comisión de Gobierno Interno de la LIX Legislatura local, Vladimir Parra Barragán. La mañana de este lunes, el diputado morenista denunció públicamente que el Ejecutivo estatal no había cumplido su responsabilidad de entregar la información al Congreso local, e indicó que éste envió a la Secretaría de Planeación y Finanzas un documento a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, demandándole la presentación de las cuentas públicas de los meses correspondientes. Horas más tarde, el propio Parra Barragán anunció que los informes ya se habían hecho llegar al Poder Legislativo, aunque advirtió que el retraso constituye una violación a la Ley de Disciplina Financiera de la entidad, lo que implicará el pago de las multas correspondientes a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig). El legislador indicó que la Secretaría de Planeación y Finanzas trató de excusarse de la demora, argumentando que la pandemia del coronavirus provocó el retraso de los trabajos en esa materia, pero “en los meses de enero y febrero aún no se había declarado la emergencia sanitaria en el estado de Colima”. Vladimir Parra recordó que el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima respecto de la cuenta pública mensual determina que, para su elaboración, el encargado es el secretario de Planeación y Finanzas, quien debe entregarla a más tardar el día 15 del mes siguiente al que corresponda, por lo que ya faltan cuatro días para la llegada de la fecha límite de la entrega de la cuenta pública de abril. El legislador morenista reiteró que uno de los problemas más graves de la entidad es la deuda que tiene el gobierno estatal, además de que se han incrementado los créditos a corto plazo, que han intentado trasladar a largo plazo, por lo que la actual legislatura “se ha comportado a la altura de lo que los colimenses necesitan al no aprobar deuda ilegítima e inmoral, pues la responsabilidad de los legisladores es cuidar el dinero de la gente”. Expuso que existen otras medidas para no dejar desprotegida a la ciudadanía por la pandemia del covid19, ya que mantener las recetas neoliberales, al solicitar créditos, “sería dejar a nuestros hijos y nietos con el compromiso del pago de la deuda”. Hasta el cierre de esta información, el gobierno del estado no había emitido pronunciamiento alguno sobre el señalamiento de retraso en sus cuentas públicas.