CNDH: sin certeza jurídica, el decreto que militariza la seguridad pública

Filtro de revisión en Guerrero con la participación de las policías estatal, ministerial y municipal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. La CNDH alertó del riesgo de que se establezca un esquema permanente de participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Foto: José Luis de la Cruz Filtro de revisión en Guerrero con la participación de las policías estatal, ministerial y municipal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. La CNDH alertó del riesgo de que se establezca un esquema permanente de participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Foto: José Luis de la Cruz

CIUDAD DE MÉXCO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que el acuerdo presidencial por el que se dan facultades a las Fuerzas Armadas “para llevar a cabo tareas de seguridad pública”, publicado en la víspera en el Diario Oficial de la Federación (DOF), carece de “certeza jurídica” que pone en riesgo el respeto de los derechos humanos y que podría ser violatorio de la Constitución Política.

Para el organismo, el documento firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los secretarios de Defensa Nacional, Marina Armada de México y Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Crescencio Sandoval, Rafael Ojeda Durán y Alfonso Durazo, respectivamente, “es insuficiente respecto a la determinación del contenido de los términos ‘extraordinaria’, ‘fiscalizada’, ‘subordinada’ y ‘complementaria’, con los que falta al principio de principio de certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada”.

Tras resaltar que esa indefinición también se advierte en la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, así como en las leyes del Uso de la Fuerza y de la Guardia Nacional, lo que conlleva “graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos”, el organismo alertó posibles violaciones al marco constitucional por las indefiniciones jurídicas, considerando que la seguridad pública “corresponde a autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno”, tal como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para el organismo, “ante la indefinición, podría establecerse un esquema permanente de participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, hecho que es contrario a nuestra Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que el Estado mexicano en la materia”.

Insuficiente

La CNDH consideró insuficiente que en el texto del acuerdo presidencial se haga referencia al respeto a los derechos humanos, recordando que México ha sido condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura”.

El organismo advirtió que “el acuerdo adolece de elementos concretos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos”, por lo que “no basta una declaración o una afirmación de buena fe con respecto a la obligación de dar cumplimiento al artículo primero de la constitucional”.

Luego de reconocer el esfuerzo de las fuerzas castrenses “en los últimos dos años”, la CNDH insistió que le preocupa “la adecuada y suficiente formación de las Fuerzas Armadas en materia de respeto y protección de los derechos humanos”.

El organismo puntualizó que se requiere “certeza” sobre su actuación en situaciones concretas y la generación de “mecanismos de control permanentes que eviten, es decir, prevengan la consumación de violaciones a derechos humanos que, en el caso específico de la seguridad pública, suelen ser muy caras (sic)”.

La CNDH destacó que el acuerdo “no brinda elementos para respetar y garantizar” que la participación del Ejército en la Marina en tareas de seguridad pública sea “extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restrictiva a lo estrictamente necesario ante circunstancias que justifiquen su intervención”.

Al recordar que “el régimen de las fuerzas militares no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles”, la CNDH destacó que el acuerdo que entra en vigor este martes y concluye el 27 de marzo de 2024, no cuenta con “elementos concretos y definitorios” sobre la participación subordinada de las fuerzas armadas al poder civil.

Insistió que en materia de seguridad pública, la participación de las Fuerzas Armadas “debe de estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza conforme a estrictos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad”.

El organismo recomendó una “estricta fiscalización de la intervención de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública tanto por el Congreso de la Unión como por la propia sociedad, incluyendo la de los órganos civiles competentes y autónomos”, como lo es la CNDH, que se comprometió a dar seguimiento a la aplicación del acuerdo presidencial, “conforme al mandato de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano”.

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