QUERÉTARO, Qro (apro).- El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en la Legislatura de Querétaro ha impulsado una reforma al Código Penal que prevé sancionar con cárcel a quien se oponga a la obra pública en el estado, misma que públicamente ya rechazó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. "Al que procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, dispuestos por la autoridad competente con los requisitos legales o con su autorización, se le aplicarán de 3 a 5 años de prisión”, se lee en el artículo 289 que fue aprobado por mayoría a finales de abril. Desde la tribuna de la Legislatura, la diputada Tania Palacios Kuri, sobrina del coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri González, defendió la iniciativa que impulsó la fracción panista en Querétaro, misma que ella calificó como de “mano dura”. “Es una iniciativa de mano dura para distintos frentes, para diversificar las conductas tipificadas en el Código Penal, endurecer sanciones y multiplicar los instrumentos al alcance de la autoridad", planteó Palacios Kuri. La iniciativa panista mezcló las modificaciones al Código Penal, que planteaban endurecer sanciones relacionadas con la pandemia covid-19, como el castigo a quien agrediere a personal de salud, con la reforma que criminaliza a quien se oponga a la obra pública. El diputado panista Antonio Zapata Guerrero también defendió la iniciativa que propusieron once legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y retó, desde tribuna, a que nadie podría votar en contra de la salud. "¿Hay alguien en contra de ello, hay alguien que pueda votar en contra de defender la salud?, me parece que no", soltó Zapata Guerrero. Como parte de los discursos panistas para defender la discusión de las reformas del Código Penal en Querétaro, Zapata Guerrero llegó a afirmar: “Los queretanos somos de piel distinta y carácter diferente”. No todos los diputados estuvieron de acuerdo. Por lo menos 10 legisladores se sumaron a favor de reservar tres artículos, al considerar que no tenían que ver con el tema de covid-19, pero por mayoría la fracción panista y sus aliados rechazaron la reserva. La votación de la iniciativa, incluido el tema de sancionar la obra pública, finalmente fue aprobada por 24 votos a favor y el único que se mantuvo en votar en contra fue el diputado de Morena, Néstor Gabriel Domínguez Luna. "Apoyo esta moción de quitar estos delitos, ese de la ejecución de obras. Me hace pensar que hace algún tiempo que estábamos ahí en la obra del Puente de la Historia, hace un año, hubieran podido llegar a decirnos: '¿saben qué?, están oponiéndose a una obra'. Y vamos para la cárcel todos”, argumentó sobre su rechazo. Las reformas consideran que además, si son más de una persona las que se oponen a la obra pública o si lo hicieran con violencia, podrían hacerse acreedores al doble de la sanción. "Cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo se les aplicará prisión de cuatreo a seis años, hasta un año de trabajo a favor de la comunidad y de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa. Si se usare violencia, las penas se aumentarán hasta en una mitad más".

La CNDH rechaza las reformas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya titular es María del Rosario Piedra Ibarra, manifestó que las reformas aprobadas en Querétaro vulneran los derechos humanos de las personas. “Este Organismo Constitucional Autónomo procedió a realizar el análisis de las reformas antes mencionadas y concluyó que esas modificaciones pueden vulnerar diversos derechos y libertades de las personas, particularmente, los de seguridad jurídica, libertad de expresión, de reunión, y manifestación, y de tránsito, así como los principios de legalidad, taxatividad y de mínima intervención del derecho penal”. Y anunció que ya prepara una demanda de acción de inconstitucionalidad para presentarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el boletín de prensa número DGC/151/2020 de la CNDH, se cita que la presidenta de la institución hizo un llamado a las autoridades para establecer medidas que protejan la salud, sin afectar otros derechos fundamentales, durante los momento actuales de emergencia sanitaria. "De igual modo, se exhorta a no emplear el derecho penal como parte de las políticas públicas de salud, privilegiando otros instrumentos más efectivos y menos represores".