MONTERREY, N. L. (apro).- Organizaciones no gubernamentales (ONG) que dan seguimiento al caso denunciaron que a ocho años de la masacre en Cadereyta Jiménez, donde se hallaron 49 cadáveres mutilados, no hay responsables y, peor aún, el expediente fue destruido inexplicablemente, como lo informó la Fiscalía General de Nuevo León. Hasta ahora han sido identificadas 17 víctimas, entre las que se encontraban 10 hondureños que fueron privados de la vida antes de llegar a Estados Unidos, lugar al que se dirigían para buscar mejores condiciones de vida, destacaron los familiares en un pronunciamiento, a través del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). La madrugada del 13 de mayo de 2012, elementos del Ejército Mexicano hallaron amontonados, a la entrada del poblado San Juan, sobre el kilómetro 47 de la carretera Reynosa-Monterrey, los torsos de 43 hombres y seis mujeres originarios de Honduras, Nicaragua, Guatemala y México. La justicia no llega para los parientes, que se quejan del abandono de las autoridades, incapaces de establecer quiénes privaron de la libertad y posteriormente asesinaron a esas personas, y hasta ahora desconocen las razones por las que se cometió la masacre, resalta el texto dado a conocer en la página de la FJEDD, organismo de la sociedad civil establecido en la Ciudad de México, con representantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. De acuerdo con la denuncia pública, difundida con motivo del octavo aniversario de tan lamentable hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 8VG/2017 a los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León, así como a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). En atención a esa recomendación, la hoy Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a su par de Nuevo León (FGE) la atracción del expediente 121/2010, iniciado el 13 de mayo de 2012. Sin embargo --según la denuncia--, después de múltiples recordatorios y peticiones directas, la FGR sólo recibió una notificación de la FGE, en el sentido de que el expediente fue destruido por la empresa de paquetería encargada del envío. “¿Por qué? ¿A petición de quién? ¿Cuánta información contenía el expediente?”, cuestiona el texto de los familiares. El pasado 14 de abril, la FJEDD presentó una queja ante la CNDH para que se investiguen esos hechos, y anunció que emprenderá otras acciones jurídicas para indagar las razones por las que inexplicablemente fue destruido el expediente. “La Fiscalía de Nuevo León fue la primera en intervenir en el lugar de los hechos, en recabar indicios, declaraciones y otras evidencias fundamentales para la investigación. ¿La Fiscalía General de la República podrá sacar adelante el caso sin esa información? Es lo que hoy corresponde, pese a todo”, apunta el escrito. De igual manera, pide que el caso siga abierto para que sean identificadas las 32 víctimas restantes, y para que la sociedad conozca la verdad de la masacre en Cadereyta, municipio periférico metropolitano ubicado 30 kilómetros al oriente de la capital regiomontana. Corresponde a las autoridades de Nuevo León entregar cuentas sobre las circunstancias en las que fue destruido el expediente e informar sobre los adelantos en la investigación, abunda. En las próximas fechas será presentado un peritaje en materia de reparación del daño para dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH, en cuanto a los daños causados a las víctimas y sus familiares.