El Acuerdo de la Sener, lo malo por conocido

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, al fondo, Rocío Nahle, secretaria de Energía Foto: Octavio Gómez Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, al fondo, Rocío Nahle, secretaria de Energía Foto: Octavio Gómez

¿Acaso el presidente y su gobierno son enemigos del medio ambiente? No lo sé, pero sus proyectos prioritarios lo parecen. Dos Bocas, Tren Maya, y en las últimas semanas dos acuerdos que en la práctica desincentivan y frenan la transición energética en la industria eléctrica, sin reparo por los compromisos en materia de cambio climático, y con tanta prisa que habrá de dirimirse el asunto en tribunales.

Quiero entenderles, de verdad deseo cada día estar equivocado y que la realidad les dé la razón en tantas cosas, pero también cada día eso se torna más complejo. Leo su Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033, en especial su capítulo dedicado a compartir su visión de los resultados de la reforma energética en materia de electricidad, y entiendo su necesidad de ajustar cuentas.

Reviso el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, y sin entretenerme en la peculiar manera en la que logró publicarse el viernes pasado en el Diario Oficial, alcanzo a advertir que algo se quiere hacer desde el gobierno para equilibrar los costos de la transición energética en el sector, y no repetir los antecesores modos.

Pero al final, por más que quiera no logro coincidir con la alternativa que adoptan. De entrada, me provoca un corto circuito que intenten colocar como disyuntiva a la confiabilidad y seguridad, por un lado, y a la sustentabilidad y eficiencia económica del otro. Tampoco me convence apelar a la soberanía energética, no tanto porque canse la reiterada maniobra de querer presentar la visión del gobierno como la del pueblo, como si fueran idénticas, sino porque esta estratagema de apelación a un sentimiento nacionalista va en sentido opuesto al del único mundo que habitamos.

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Freno a las energías renovables

Como anillo al dedo leí ayer de una proyección del reporte Global Energy Review de la Agencia Internacional de Energía, según la cual hay una caída del empleo de fuentes de energía fósiles, mientras que las renovables se mantienen al alza, en el marco de la pandemia del Covid-19. Más todavía, se da cuenta de dos razones que explican ese comportamiento: el costo de operación más bajo y que gozan de despacho prioritario al operar la red eléctrica, en lugares como la Unión Europea.

Como sea, prefiero no correr el riesgo de fijar postura con base en algo que puede resultar debatible, incluso por críticas al mensajero, más que al mensaje. Ni hace falta, porque la esencia del desacierto del gobierno y de la Secretaría de Energía en este tema es que han puesto en segundo sitio el cuidado al medio ambiente y el componente de sustentabilidad, que por mandato constitucional deben respetar.

En hora buena para todo el sector, para la industria y para quienes necesitamos de la electricidad como medio para disfrutar de nuestros derechos, que se busque mejorar en cuestión de orden, eficiencia, seguridad e independencia, pero de ahí a que se descarten alternativas menos costosas para el medio ambiente hay trecho.

Si la variabilidad de las fuentes renovables eólicas y fotovoltaicas requiere emplear servicios conexos, parece razonable que todo mundo aporte lo necesario; pero eso no justifica optar desproporcionadamente por una dirección contraria a la del desarrollo sustentable. Más allá de las formas, tan descuidadas en esta ocasión, como si un instrumento de política pública pudiera saltarse leyes, Constitución y compromisos internacionales, en el fondo la decisión adoptada no es la adecuada.

La razón es simple: respetar y cuidar al medio ambiente no puede quedar fuera de la ecuación. Da la impresión de que falta en el gobierno alguien que tenga la tarea de recordar su obligación constitucional de prevenir violaciones a los derechos y darles atención a los precedentes judiciales de la Corte.

Si lo hubiera, o si hiciera bien su trabajo –si es que lo hay–, sabrían que lo económico no tiene prioridad sobre lo ambiental, menos si además es más costoso lo que pretenden. También sabrían que es obligatorio cumplir nuestra parte contra el calentamiento global. En conclusión, debieron saber que habrá quienes acudiremos a la justicia y que los Acuerdos publicados tendrán que declararse inconstitucionales por regresivos.

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