CIUDAD DE MÉXICO (apro). - La convocatoria para que los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores donaran de manera voluntaria parte de sus ingresos fue retirada, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario se refirió a que la medida fue una iniciativa “de buena fe” de la directora del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, que procuraba una aportación voluntaria de uno, dos o tres meses de la beca de investigación a favor de una fundación de salud. El presidente se refirió al tema en su conferencia matutina al hablar de los medios de comunicación, pues la medida si bien fue abordada por diversos medios, el caso del diario Reforma fue el que llamó la atención del mandatario. “Esto motivó una gran protesta entre los investigadores porque sintieron que era injusto o que no era correcto, porque el dinero tiene recursos y, en efecto, tenemos fondos. Pero sirvió este asunto para que se le lanzaran al gobierno, una iniciativa de buena fe, del Conacyt, o de servidores públicos del Conacyt, involucrando al gobierno todo”, se quejó. Y es que López Obrador explicó que debe estar atento a todas las decisiones porque lo culpan de todo y, en este caso, para evitar que le atribuyan la iniciativa de Álvarez-Buylla y otras científicas “con dimensión social” decidió revertir la medida. “Tenemos que estar muy pendientes porque si no, escándalos. Y son cosas que pasan… De repente me entero claro… ¿a quien le echan la culpa? al presidente. Entonces corregimos para que esto no suceda”. La corrección del asunto fue expuesta en los siguientes términos: “Ya hablamos con la directora del Conacyt para pedirle que retirara esa convocatoria. Todo voluntario, todo por la decisión consciente, nada que signifique forzar a que alguien tenga que aportar ¡no, no, no! para nada. Ahora si que, como diría la canción de Serrat, lo que se da no se quita”. La invitación “voluntaria” a que se donaran ingresos llegó a Conacyt en medio de las complicaciones que enfrentan dependencias y entidades federales para cumplir el decreto presidencial de austeridad, consistente en renunciar al 25% del salario temporalmente y que, por el momento, no ha encontrado fórmula jurídica para hacerlo debido a la ilegalidad de retener salarios sin motivación ni fundamento, contraviniendo así la Ley Federal del Trabajo.