Amnistía Internacional expone “los costos de curar” durante la pandemia

En México, personal de salud despide a camillero fallecido por covid-19. Foto: Germán Canseco En México, personal de salud despide a camillero fallecido por covid-19. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ataques físicos; estigmatización; amenazas de muerte; denegación del uso de transporte público; restricciones a la libertad de expresión; condiciones de trabajo inseguras, por no contar con equipo de protección adecuado, y amenazas de sufrir represalias si presentan denuncias.

Esas son algunas de las dificultades que enfrentan trabajadores de la salud, así como personal de limpieza y apoyo en instalaciones hospitalarias y asilos para personas mayores, según el informe “El costo de curar: Los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el covid-19 y más allá”, realizado por Amnistía Internacional.

El documento dado a conocer este martes, día en que concluyen los trabajos de la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tomar decisiones sobre la atención de la pandemia, aborda la situación que enfrentan los trabajadores de la salud en el continente, con 2 millones de personas infectadas, casi la mitad de los enfermos por covid-19 en el mundo.

El informe toma como base 21 entrevistas telefónicas con trabajadores de centros de salud en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Paraguay, entre ellos personal de limpieza de hospitales y residencias de adultos mayores, personal médico y de enfermería, un guardia de hospital, una cajera de un comedor de hospital y un epidemiólogo que trabaja en el sector público.

“Muchas de las personas entrevistadas tenían demasiado miedo a hacer públicos sus nombres por temor a represalias, y en algunos casos el miedo a hablar limitó totalmente el acceso a Amnistía Internacional a algunas personas para entrevistas”, sostiene la organización en su informe.

América Latina, subraya, es una de las regiones “más desiguales del mundo”, donde “garantizar unas condiciones seguras para los trabajadores y trabajadoras de la salud se ve obstaculizado por las crisis humanitarias subyacentes que convierten en un desafío contar con hospitales que funcionen”, más allá de los sistemas de salud.

Entre los casos a destacar, la organización pone el ejemplo de Venezuela, que en 2019 fue objeto de un informe de Naciones Unidas donde concluyó que el gobierno de Nicolás Maduro “estaba cumpliendo sus obligaciones” internacionales para garantizar el derecho a la salud, y a principios de abril aceptó 90 toneladas de suministros médicos y equipo de protección personal (EPP) enviados por Unicef.

Otros países en situaciones complicadas son Haití, con un “sistema de salud al límite”, otro más es Ecuador, cuya exhibición de fotografías de cadáveres dejados en la calle puso en evidencia que su sistema de salud “no podía abarcar la demanda”, situación parecida que se vive en la ciudad de Manaos, al norte de Brasil, donde se registra “una aglomeración similar de cadáveres relacionados con covid-19”.

En el documento se enlistan algunas protestas del personal sanitario por la falta de EPP y condiciones laborales justas en Bolivia, Colombia y Guatemala, entre otros países, lo que evidencia la falta de atención de los gobiernos a lineamientos fijados por la OMS sobre las medidas de protección, situación que es más que evidente en Estados Unidos, donde más de 9 mil trabajadores de la salud dieron positivo a covid-19, lo que “plantea dudas respecto si este personal ha contado con protección adecuada durante esta pandemia”.

De los profesionales de la salud, en sólo dos casos “dijeron a Amnistía Internacional que consideraban que tenían EPP adecuados o casi adecuados. El resto plantearon motivos de preocupación relativos a la falta de EPP apropiados. También abordaron inquietudes a bajas por enfermedad, periodos de descanso y apoyo de salud mental inadecuado en el trabajo”.

En Nicaragua, el Observatorio Ciudadano Covid-19 informó a la organización que “no sólo se ha despedido a profesionales de la salud por usar EPP en el trabajo, sino que a veces se les ha despojado violentamente de su equipo de protección”, toda vez que el gobierno de Daniel Ortega “sigue restando importancia a la pandemia”.

En cuanto al personal de limpieza, la organización recabó información que señala que “está mal pagado, recibe prestaciones de seguridad precarias y en algunos casos trabaja para empresas que no garantizan el uso de EPP adecuados”, siendo el personal “más desprotegido en los entornos de salud”.

Como ejemplo de la precariedad, Amnistía Internacional expone el caso de un empleado de limpieza de 70 años que trabaja para una empresa subcontratada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con un salario diario de aproximadamente cinco dólares estadunidenses, quien se vio obligado a aceptar una reducción de 16% de sus percepciones a cambio de no limpiar las zonas de riesgo de contagio, aunado a que su empresa no le proporciona EPP.

El informe da cuenta de las prolongadas jornadas laborales a que se han visto sometidos los profesionales de la salud y personal de apoyo que labora en hospitales y residencias de personas mayores, así como las secuelas psicológicas que el combate al virus les ha dejado: “sentimientos de culpa, desesperanza y desamparo”.

En su informe, la organización alerta sobre la “estigmatización, ataques físicos, amenazas de muerte y denegación de uso de transporte público en países como Colombia y México, e incluso lapidación pública en Bolivia”.

Añade: “Mientras que algunos gobiernos han respondido a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilización para apoyar públicamente el papel que desempeñan las personas que trabajan en el área de salud, otros dirigentes han tomado medidas para menoscabarlas”.

En abril pasado, apunta, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, “vetó dos decretos que habrían reforzado la seguridad del personal sanitario en trabajo; sólo unos días después acusó a organizaciones de derechos humanos de trabajar ‘para lograr que mueran más humanos’”.

Para su investigación, la organización recabó testimonios de profesionales de la salud que “expresaron su temor a sufrir represalias por denunciar condiciones de trabajo inseguras, y algunos de quienes hablaron con Amnistía Internacional habían sido despedidos de su empleo por denunciar irregularidades o que habían sido objeto de procedimientos disciplinarios en el trabajo”.

Un caso que ejemplifica lo anterior es el de Tainika Somerville, auxiliar de enfermería en una residencia de personas mayores, administrada por una empresa privada en Chicago, quien fue despedida después de denunciar la falta de EPP en su lugar de trabajo, a través de la plataforma de Facebook.

Las restricciones a la libertad de expresión también han afectado a comunicadores, como ocurre en Venezuela, “donde las autoridades han encarcelado a periodistas por publicar información sobre la pandemia”.

“Es imposible proteger la salud de más de mil millones de personas que viven en las Américas si los gobiernos insisten en silenciar a quienes denuncian irregularidades, periodistas y profesionales de la salud que alzan su voz con valentía para denunciar condiciones de trabajo inseguras y exigen con justicia una respuesta adecuada y responsable a la pandemia”, consideró la directora de Amnistía Internacional para América Latina, Erika Guevara Rosas.

La defensora resaltó que “mientras Latinoamérica sufre las semanas más mortíferas, es de vital importancia que todos los países se unan para garantizar que la financiación de la salud no se vea menoscabada en este momento decisivo”.

Concluyó: “La pandemia no conoce fronteras, y Estados Unidos debe apoyar una solución global uniéndose a otros países en la financiación de la OMS para garantizar que su capacidad técnica y de personal experto se despliegue donde más se necesita”.

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