CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que el Poder Judicial resolvió seis amparos a favor de la población migrante solicitante de asilo en México, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, las instituciones del Estado mexicano han “evadido”, han “sido omisas” o “han simulado” el cumplimiento de las órdenes de los jueces, “por ejemplo a través de deportaciones masivas sin debido proceso”, denunciaron de organizaciones de la sociedad civil. En un boletín, recordaron que promovieron amparos en Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tijuana, Veracruz y Nuevo León, en los que solicitaron a varias instancias del gobierno mexicano garantizar “el acceso a la salud, una estancia regular, una vivienda digna, así como la suspensión de las detenciones y la libertad de las personas detenidas en estaciones migratorias”. Las demandas precisan que las autoridades tienen la obligación de cumplir con el derecho a la salud de la población en tránsito por el país y la que pidió protección internacional, así como la población que fue devuelta a México por las autoridades estadunidenses bajo el programa “Quédate en México”, cuyo nombre formal es Protocolos de Protección a Migrantes. [embed]https://www.proceso.com.mx/630714/ingreso-normalizado-de-mexicanos-a-eu-hasta-el-22-de-junio[/embed] El pasado 18 de abril, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativo ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) que cumpla con 11 medidas, entre ellas la puesta en libertad y la dotación de una estancia regular a las personas en detención migratoria, o el exhorto a diseñar una política para incluir a las personas migrantes entre los beneficiarios de programas sociales. En lugar de cumplir con la orden judicial, el INM deportó y abandonó en la frontera, de manera masiva, a más de 3 mil personas recluidas en sus centros de detención; aparte, las autoridades del gobierno mexicano incumplieron con la orden de elaborar informes, “niegan los hechos y no proporcionan documentación o testimonios que acrediten que se está dando cumplimiento a todo lo señalado en la suspensión”. Ante lo que calificaron como un “visible desacato a lo ordenado por el Poder Judicial”, las organizaciones no gubernamentales (ONG) instaron a la justicia y a las dependencias federales a respetar los amparos, pues consideraron que “en esta época de pandemia, las instituciones del Estado que protegen y garantizan los derechos de las personas deben funcionar de forma efectiva”. Remataron: “El acceso a la justicia y a los derechos básicos se deben considerar actividades prioritarias”.