Los hermanos Amodio se convierten en los principales accionistas de OHL

Los hermanos mexicanos Luis y Armando Amodio Herrera, dueños de Grupo Caabsa, comprarán el 16% de las acciones en la constructora española OHL Global Los hermanos mexicanos Luis y Armando Amodio Herrera, dueños de Grupo Caabsa, comprarán el 16% de las acciones en la constructora española OHL Global

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Los hermanos mexicanos Luis y Armando Amodio Herrera, dueños de Grupo Caabsa, comprarán el 16% de las acciones en la constructora española OHL Global, envuelta en numerosos escándalos de corrupción, con casos de presuntos sobornos y de financiamiento ilícito de campañas electorales en España y en México.

Con esta adquisición –que incluye una opción para adquirir otro 9% de acciones–, los hermanos Amodio se convertirán en los principales accionistas de la empresa en lugar de Juan Miguel Villar Mir, el magnate español cercano a Peña Nieto y a Emilio Lozoya Austin, el otrora director general de Pemex y exconsejero de OHL, quien hizo negocios con Javier López Madrid, yerno de Villar Mir.

Los hermanos Amodio, por su parte, tienen un perfil relativamente bajo: fundaron Caabsa hace 41 años. Durante el sexenio de Peña Nieto, esta empresa recibió contratos por 9 mil 161 millones de pesos; en el gobierno actual, participó en la licitación del tramo 3 del Tren Maya, pero a pesar de presentar la oferta más económica, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) adjudicó el contrato al consorcio formado por Gami y la española Azvi.

Durante las administraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en el Estado de México como en el gobierno federal, la constructora española recibió contratos públicos por más de 43 mil millones de pesos, que incluían jugosas concesiones carreteras, principalmente en el Estado de México –con el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y la vía Atizapán-Atlacomulco–, todas en contubernio con Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Proceso documentó en febrero pasado que varios integrantes del primer círculo de Peña Nieto –Lozoya, Luis Videgaray Caso y Ruiz Esparza– trabajaron de la mano con OHL para “inflar” sus activos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que obtuvieron grandes cantidades de liquidez, parte de la cual era desviada en campañas electorales.

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Aparte, durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, la petrolera le otorgó contratos multimillonarios: Escolaire España construyó una planta de hidrogeno en la refinería de Cadereyta por 13 mil 141 millones de pesos; otro por 689 millones de pesos para construir un turbogenerador en la Refinería Madero, y otro más para supervisar la construcción del gasoducto Los Ramones –a cargo de la empresa Odebrecht–, que posteriormente fue operado por IEnova, una empresa dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, quien entró en el consejo de administración de OHL el mismo día que Lozoya.

Apenas en febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un nuevo fraude de Pemex, operado a través de sus opacas estructuras offshore –encabezadas por su filial PMI– por más de mil 228 millones de pesos, en una planta solidificadora de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz.

De hecho, Lozoya renunció a la dirección general de Pemex escasos días después de que se filtraran audios de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, en los cuales se evidenciaban reuniones secretas y conflictos de interés con Lozoya; años más tarde, las autoridades españolas descubrieron que el exdirector de Pemex era socio del yerno de Villar Mir en una empresa española que canalizó presuntos sobornos.

Si bien OHL todavía tiene el control de sus negocios en México, varios de ellos se encuentran en riesgo: en febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló una serie de irregularidades en la autopista Amozoc-Perote –entre ellas sobrecostos de mil 442 millones de pesos en el carretera–, pero sobre todo recomendó a la SCT de Javier Jiménez Espriú que “revoque la concesión” de OHL.

Aparte, OHL enfrenta demandas interpuestas por el abogado Paulo Diez Gargari, entre otras para anular la supuesta concesión del Viaducto Bicentenario, con la cual la española ha operado y cobrado cuotas de peaje desde hace una década, a pesar de que el gobierno mexiquense de Peña Nieto no tenía facultades para entregársela.

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