SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- Horas después de que una mayoría de integrantes del Congreso local votó en contra de dos iniciativas proaborto, las sedes estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena fueron pintadas con mensajes a favor de legislar por el aborto legal y gratuito. Las iniciativas fueron presentadas desde marzo pasado, pero no habían sido llevadas al pleno del Congreso, sino hasta ahora, en plena contingencia por la pandemia de covid-19, en sesiones virtuales, tal y como ocurre en el Congreso de Guanajuato, con mayoría del PAN. “Será ley” y “se va a caer” fueron algunas de las pintas que se hicieron en los muros de los edificios de ambos partidos, luego de que la bancada panista y algunos diputados de Morena rechazaron aprobar las dos iniciativas que propusieron integrantes de las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y una diputada de Morena. Una de las iniciativas impulsaba reformas a varios artículos del Código Penal del Estado y la Ley de Salud, para despenalizar la interrupción del embarazo y reforzar la garantía de los servicios públicos de salud para un acceso seguro para las mujeres. La otra proponía reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en un término máximo de 12 semanas de gestación, con la obligación del Estado de proporcionar información, educación y medios para que las mujeres ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos. No obstante, los dictámenes de ambas propuestas fueron aprobados en sentido negativo y recibieron el voto a favor de 20 diputados, mientras que cuatro votaron en contra y otros tres se abstuvieron de emitir su voto. La diputada de Morena Angélica Mendoza Camacho, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, incluso votó en contra de la iniciativa que impulsó desde la propia bancada su compañera Alejandra Valdez, junto con la activista Arely Torres Miranda, de la organización Marea Verde San Luis. También votó en contra de la segunda iniciativa en la que participó su compañera morenista Marité Hernández, así como el diputado Pedro César Carrizales, “El Mijis”. Valdez, Marité Hernández y Carrizales fueron los únicos que en la sesión virtual hablaron en rechazo al dictamen que eliminó las dos iniciativas, y votaron en contra del mismo junto con Eugenio Govea, de Movimiento Ciudadano. Se abstuvieron la priista Eugenia Benavente, Mario Lárraga, de Encuentro Social, y Edson Quintanar, de Morena. A favor del dictamen final votaron la mayoría de las bancadas del PRI, PAN, PVEM, PRD, Nueva Alianza y tres diputadas de Morena. “No es cierto que las mujeres proletarias sean las que se van a beneficiar de una ley en donde se apruebe el aborto”, dijo la priista Laura Patricia Silva Celis. “La mayoría de la sociedad, que en San Luis Potosí profesa una religión mayoritariamente católica, se opone. En mi caso será el voto a favor de que se declare improcedente”, apuntó el diputado del PVEM Cándido Ochoa Rojas, quien fue secretario del gobierno del estado. “Por supuesto que se aprovechó la contingencia y que no pudiéramos estar presentes o movilizarnos para respaldar las iniciativas. Pero, además, se incurrió en una gran irresponsabilidad de las comisiones de no revisarlas a profundidad (las iniciativas)”, añadió en entrevista telefónica Arely Torres Miranda. “Cada 8 de marzo y 25 de noviembre, en el Congreso se rasgan las vestiduras en contra de la violencia hacia las mujeres, pero aquí en San Luis no se ha garantizado el cumplimiento de la Norma Oficial 046 para el acceso gratuito y seguro al aborto en los casos que prevé la ley”, que son por violación, riesgo para la vida de la mujer e inseminación no consentida o accidental, recalcó. Torres Miranda recordó que San Luis tiene “un grave problema de embarazo infantil, que en realidad es resultado de violaciones, y hay que llamarlo por su nombre, pero se les niega a esas menores la posibilidad de protegerlas de esa violencia en todas sus formas”. Y acusó a la Legislatura local “de ir de la mano con la Iglesia católica, perpetuando el Estado feminicida, pues no ha tenido ni el valor ni la congruencia de garantizar los derechos de las mujeres”, pero sí de aplazar el debate y sacar un dictamen negativo en pleno aislamiento por la pandemia, “de manera tramposa”.