Representantes de organismos multilaterales y empresarios consideran que sin una reforma fiscal integral y sin estímulos tributarios será muy difícil proteger los ingresos de las familias, el consumo y la sobrevivencia de innumerables unidades económicas. Luis Foncerrada, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, recomienda diseñar un sistema de fiscalización equitativa; de lo contrario, el gobierno de la 4T estará lejos de alcanzar sus objetivos de bienestar. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podrá alcanzar sus objetivos de bienestar para la población de menores ingresos si no incluye en sus planes de gobierno una verdadera reforma fiscal que redistribuya el ingreso, promueva la inversión, recupere el medio millón de empleos perdidos y deje de ocuparse sólo de la fiscalización a los grandes contribuyentes. Organismos multilaterales como el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomiendan esa reforma fiscal como la única opción para que México pueda reactivar su economía sin recurrir al endeudamiento, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue con su política de fiscalizar a los grandes deudores.  Luis Foncerrada Pascal, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, sostiene que mientras el gobierno de López Obrador posponga una discusión fiscal de fondo que incluya deducibilidad de inversiones y un incremento a la tasa del IVA, mantendrá un sistema tributario profundamente regresivo en el cual, paradójicamente, sólo se benefician quienes más tienen.  El Coeficiente de Gini –que sirve para medir la desigualdad en los ingresos– no se equivoca respecto al potencial de bienestar y redistribución de la riqueza que genera un sistema tributario transparente y equitativo, dice Foncerrada a Proceso.  Los analistas estiman que mantener bajo el régimen de excepción fiscal alimentos y medicinas beneficia a 30% de la población de mayores ingresos en la economía e impide que el gobierno federal obtenga ingresos adicionales por entre 2 y 4% del PIB.  Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2273 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 24 de mayo de 2020