En cárceles el número de contagios y decesos por covid-19 sigue en aumento: AsiLegal

Módulo médico afuera del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México. Foto: Hugo Cruz Módulo médico afuera del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México. Foto: Hugo Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sistema Penitenciario informó que hasta este lunes sumaban 256 contagios de covid-19 entre Personas Privadas de su Libertad (PPL), de los cuales 45 se han detectado entre el personal. Sin embargo, para AsiLegal esa cifra es parte del subregistro que ha generado 11 incidentes de violencia en diferentes partes del país.

De acuerdo con la organización, a diferencia del más reciente anuncio del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre el aplanamiento de la curva de contagios, el panorama penitenciario no resulta alentador, dado que el número de infectados y decesos por covid-19 sigue en aumento.

En un comunicado destacó que las pruebas al interior de los centros se hacen imprescindibles, ya que las PPL están totalmente bajo responsabilidad del Estado, y debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de estas minorías, así como su seguridad y sobre todo acceso a una atención médica efectiva, oportuna y de calidad.

Consideró que con un subregistro como el presentado, donde sólo 14 de las 32 entidades han reportado casos de contagios, sólo contribuirá a continuar con esta cultura de corrupción y opacidad que subyace dentro de nuestro sistema de justicia, lo cual tiene como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Por ello, para AsiLegal es necesario exigir a las autoridades de los 18 estados restantes (más de la mitad del país) rendir cuentas y evitar que los abusos se sigan replicando.

Ante esta crisis penitenciaria provocada por el covid-19, apuntó, es absolutamente esencial que a la brevedad abran nuevamente los juzgados de ejecución penal, se centralice y desglose la información aportada por cada estado respecto de su población penitenciaria y, finalmente, que se retomen con urgencia las liberaciones que se plantearon al inicio de la pandemia y las autoridades correspondientes dejaron en el olvido.

De igual manera, indicó, a lo largo y ancho del país las prisiones sufren de una manera completamente diferente al resto de la población, lo que supone un sector exageradamente vulnerable, donde el número de contagios y muertes aumenta, mientras la atención de las autoridades ha menguado notablemente en los últimos 15 días.

AsiLegal recordó que ayer, al ser cuestionados sobre la situación del sistema penitenciario frente al covid-19, López Gatell y José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, respondieron de manera evasiva e inconclusa.

“Lo mencionado por ambos no colabora para esclarecer la realidad a la que se están enfrentando las personas privadas de libertad y el personal penitenciario, resaltando con particular atención y gravedad el hecho de que se señaló la inexistencia de una variable que identifique si una persona contagiada o fallecida se encontraba en estado de reclusión al momento de contraer el virus”, apuntó.

López Gatell dijo que se ha logrado segmentar a la población para evitar más riesgos y contagios, sin embargo, desde el monitoreo de AsiLegal, eso no es verdad.

“Cabe señalar que, tal como lo mencionamos en abril, el protocolo indicado por López Gatell para atender la emergencia en los Ceferesos es inaplicable a la realidad de los centros estatales del país”, sostuvo.

Añadió: “En comparación con nuestro último corte, publicado el pasado 11 de mayo, el flujo de información –de los Ceferesos– se hizo paulatinamente más lento, mientras que los reportes de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) presentaban cifras difíciles de contrastar con lo publicado en medios de comunicación.

“A su vez, las autoridades parecen haber dejado a un lado la recomendación que se ha hecho reiteradamente desde la sociedad civil por acelerar los procesos preliberacionales como la mejor vía para atender la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población privada de libertad”.

Después de dos meses de que se presentara el primer caso de contagio de covid-19 al interior de los centros penitenciarios, al día de hoy se contabilizan un total de 211 casos entre personas privadas de libertad, destacó. Pero, si bien este número es alarmante y elevado, no es exacto.

“A lo largo de las últimas semanas, según pudimos constatar, se han presentado protestas y demandas al interior de los centros, que exigen atención médica ante los cuadros de enfermedad que presentan varios internos, dando cuenta de que podría haber más casos de los que se confirman”, abundó.

Consideró que, si bien en algunas entidades se han implementado medidas para frenar la propagación, como cancelación de visitas, traslados, aislamiento de personas con síntomas y algunas preliberaciones, esto no es suficiente. Sumando a ello, la atención médica no es oportuna para el sistema penitenciario, lo cual incluye la aplicación de pruebas a los internos y personal en los centros.

AsiLegal señaló que la muestra mencionada en la conferencia de López-Gatell, tomada de 11 centros con mil 578 pruebas, es insuficiente e inverosímil, ya que la población de 300 centros que existen en el país es de aproximadamente 200 mil personas privadas de libertad.

Aseguró que en países como Ecuador, Estados Unidos e incluso Haití se aplican pruebas no sólo para las personas que presentan un cuadro clínico similar al del covid-19, sino a toda la población en prisión.

En California, precisó, 443 de mil 055 personas dieron positivo a la prueba, y el caso de Ecuador, con una población de 610, 420 resultaron positivos.

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