Confinamiento incrementó vulnerabilidad de familiares de personas desaparecidas: estudio

Madres con hijos desaparecidos en Sinaloa se manifestan. Foto: Juan Carlos Cruz Madres con hijos desaparecidos en Sinaloa se manifestan. Foto: Juan Carlos Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El confinamiento por la pandemia de covid-19 incrementó la situación de vulnerabilidad de familiares de personas desaparecidas, dificultó sus acciones de búsqueda en vida y en fosas clandestinas, y ha frenado las actividades colectivas para exigir justicia, verdad y reparación del daño.

Así lo revela una encuesta en la que participaron 674 familiares de víctimas de desaparición de 19 entidades del país, realizada del 20 al 24 de mayo por las organizaciones sociales Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, apoyadas por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

El estudio –presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– revela la escasa atención gubernamental en tiempos de la pandemia para los familiares de personas desaparecidas, que hasta diciembre del año pasado sumaban más de 61 mil, además de 37 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de instalaciones forenses.

Sin duda, para los familiares de las personas desaparecidas el tema del acceso a la justicia es uno de los impactos más severos que ha tenido sobre ellos la crisis sanitaria, ante “la parálisis del Poder Judicial y la ausencia de recursos tecnológicos o métodos digitales para el seguimiento de las acciones realizadas por las instituciones de procuración de justicia para la búsqueda de personas desaparecidas e investigación de estos delitos graves”.

De las personas encuestadas, sólo 5.5% “reportaron haber tenido un contacto personal con una autoridad desde el inicio de la crisis sanitaria”, contrario al 49.19% que no tuvo ningún tipo contacto, mientras que 33.82% pudieron establecerlo por teléfono y 20.55% por internet.

“Hasta el momento se desconocen las estrategias, políticas o medidas tomadas por el Estado mexicano para asegurar la continuidad de las acciones de búsqueda en vida y sin vida de personas desaparecidas, y la investigación del delito de desaparición forzada y desaparición por particulares, así como informar a sus familiares sobre los avances y resultados obtenidos”, resalta el documento.

Tras destacar que 93.77% de los familiares de víctimas de desaparición encuestados forman parte de un colectivo, el estudio sostiene que, por sus actividades en la búsqueda de verdad y justicia, más de la mitad de los entrevistados pueden considerarse personas defensoras de derechos humanos, ya que 60.98% de ellas se dedica a realizar búsquedas sin vida en fosas clandestinas, 54.15% a búsquedas en vida, y hay otras que además participan en mesas de trabajo (49.26%), manifestaciones públicas (41.54%), así como foros o talleres de capacitación (38.72%).

En ese sentido, las restricciones a la movilidad y el distanciamiento social “han tenido unos efectos desproporcionadamente negativos sobre las y los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida, lo cual a su vez ha impactado en su labor como defensoras de derechos humanos”.

Lo anterior se evidencia con la cancelación parcial o total de las actividades de verdad y justicia, como lo refieren 35.76% y 39.48% de las personas encuestadas, respectivamente, en tanto que 17.05% de los familiares consultados sostuvo que “autoridades les han impedido realizar acciones desde el inicio de la crisis sanitaria”, mientras que 24.27% sostuvo que continuó realizando sus actividades de búsqueda.

El estudio refleja que ante la crisis sanitaria, 33.91% de las personas encuestadas solicitó apoyo a alguna institución pública, “principalmente para alimentación (24.90%) y apoyo económico (20.31%), confirmándose la importancia de diseñar e implementar medidas urgentes que velen por asegurar ingresos económicos mínimos y medios de subsistencia”.

El documento precisa que las instituciones a las que se acercaron los familiares de víctimas de desaparición fueron principalmente las comisiones estatal o federal de atención a víctimas, y revela que las personas encuestadas “señalaron no haber recibido ningún apoyo desde el inicio de la crisis sanitaria por covid-19 (72.03%), por lo que consideran que el apoyo brindado por las autoridades hasta el momento ha sido muy deficiente o deficiente, siendo las peores calificadas las autoridades municipales (74.72%), seguidas de las autoridades federales (68.01%) y estatales (63.79%)”.

Luego de reconocer que previo a la crisis sanitaria persistía entre los familiares de personas desaparecidas “falta de acceso a un empleo y la precariedad económica (…) así como el incumplimiento del Estado mexicano con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos” de estas personas, el informe resalta “la ausencia de medidas urgentes de contención para enfrentar y prevenir” los efectos de la pandemia.

PANDEMIA-DESAPARICIÓN- Un estudio de IDHEAS by Revista Proceso on Scribd

De la encuesta se advirtió el nivel de precariedad de los familiares de desaparecidos, pues antes de la crisis sanitaria, 40.8% ganaban menos de 2 mil 699 pesos; 38.43% tenía ingresos mensuales de entre 2 mil 700 a 6 mil 799; 14.54% de 6 mil 800 a 11 mil 599, y 6.53% ganaban más de 11 mil 600 pesos.

Uno de los efectos del covid-19 en los familiares de los desaparecidos es que en 34.47% de los casos perdieron su empleo, que se sumaron al 24.60% que ya estaban desempleados antes de la pandemia, en tanto que entre quienes conservaron su empleo, sólo 15.37% aseguraron haber mantenido su ingreso.

El documento destaca que 72.33% de los familiares de víctimas de desaparición sufrieron “la reducción total o parcial de sus ingresos económicos”, situación que incrementó la vulnerabilidad de las mujeres que conformaron el 87.83% de las personas encuestadas.

“La ausencia o escasez de medidas inmediatas y la ausencia de medidas de apoyo por parte del gobierno mexicano, para asegurar ingresos económico o medios de subsistencia, como el otorgamiento de subsidios, bonos u otras medidas de apoyo, expone especialmente a las y los familiares de personas desaparecidas a mayores riesgos de ver afectados sus derechos humanos, particularmente para los grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres, las personas mayores de edad y las personas con discapacidad”, sostiene el informe.

Y resalta que se desconocen “las medidas tomadas por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) para asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de las y los familiares de personas desaparecidas”.

En materia de salud, de los principales impactos mencionados por las personas encuestadas, 49.19% aceptó tener una afectación en su salud mental; 26.05% sufrió un sentimiento de aislamiento; 24.43% registró dificultades para conseguir citas médicas; 19.09% tuvo problemas para conseguir medicamentos, en tanto que sólo 10.36% manifestó sufrir dolencias físicas.

“Lo anterior evidencia situaciones que pueden afectar gravemente la plena vigencia de los derechos a la salud de los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida a corto, mediano y largo plazo” y, pese a ello, tampoco se conocen estrategias del SNAV para garantizar servicios de salud gratuitos para este sector de la población durante la pandemia, apunta el estudio.

En cuanto al derecho a la educación para menores a cargo del 72.85% de las personas encuestadas, muchos de ellos hijos de los familiares desaparecidos, el estudio realizado por las organizaciones sociales revela que 19.09% no tiene acceso a clases en línea, sin que existan acciones por parte del Estado mexicano para atender la problemática.

Las organizaciones que auspician el estudio solicitaron la intervención de la CIDH para pedir al Estado mexicano información sobre los diagnósticos de las comisiones de atención a víctimas sobre la situación de los familiares de desaparecidos en el contexto de la crisis sanitaria, y sobre las medidas tomadas “para disponer y movilizar el máximo de recursos disponibles, adicionales a aquellos asignados para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)”.

Ello, para hacer efectivos los derechos a la salud y otros, así como las políticas tomadas para “reducir las profundas repercusiones negativas de la pandemia por covid-19”, sobre los familiares de víctimas de desaparición.

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