CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de 159 organizaciones y 85 personalidades opositoras al Tren Maya tachó de “inoportuna” la gira que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza por el sureste para promocionar el megaproyecto, pues llegó en “el momento más crítico” de la pandemia de covid-19 y su visita no constituye una actividad esencial. En un comunicado, los firmantes recordaron que el gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), mantuvo el proyecto durante el confinamiento, pese a las órdenes judiciales y una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que urgían a suspender labores no esenciales para proteger la salud de la población local ante el riesgo de contagio. En este marco, consideraron que la llegada del presidente “atentaría contra el orden constitucional”. El objetivo de su visita, subrayaron, “desdeña y desacata órdenes judiciales y del ombudsperson, afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país”. En cinco puntos, recalcaron las razones por las cuales se oponen al Tren Maya: la falta de información y la presunción de que beneficiará a los intereses empresariales antes que a la población local; el proyecto se diseñó y se está implementando a espaldas de las comunidades –como quedó evidenciado en la polémica consulta de finales del año pasado--, y tendrá impactos ambientales y arqueológicos negativos en la región. “El Proyecto Tren Maya traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria sino de desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de tipo diverso, situación que supone un profundo reordenamiento territorial en los cinco estados afectados por el proyecto”, destaca el documento firmado, entre otros, por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, comunidades de la región, Greenpeace México, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Pro), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Aparte, los opositores aseveraron que el Fonatur miente cuando presume un apoyo de las Naciones Unidas al proyecto, pues se trata de “consultores contratados por Fonatur a través de ONU-Hábitat y la UNESCO, que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, sin embargo, esto no representa un espaldarazo por parte de las Naciones Unidas”. Y remataron: “En dichos procesos se han evidenciado claras violaciones a la ley, contradicciones y falsedades en la implantación del proyecto por parte fundamentalmente del Fonatur, pero sobre todo se ha expresado la voluntad de la población de mantener la exigencia y la batalla jurídica y política para hacer efectivos sus derechos a preservar su territorio y medio ambiente”.