XALAPA, Ver. (apro).- A más de dos años de la detención de Gilberto Aguirre Garza, exdirector general de Servicios Periciales de la Fiscalía General del estado (FGE), acusado del delito de desaparición forzada, la propia Fiscalía determinó entregarle una constancia de “víctima directa”, figura jurídica que es la antesala para exonerarlo y dejarlo sin cargos. Aguirre entró a prisión en abril de 2018, acusado de desaparición forzada en la modalidad de ocultamiento de 13 cadáveres en la barranca La Aurora, municipio de Emiliano Zapata, en enero de 2016, junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; el exfiscal Luis Ángel Bravo, y una veintena de policías estatales y funcionarios. Sólo en el caso de Aguirre Garza la actual Fiscalía, a cargo de Verónica Hernández Giadans, consideró que al servidor público se le violaron sus derechos humanos, y la procuración de justicia cometió graves errores en su proceso penal. Jorge Reyes, abogado del exdirector de Servicios Periciales, posteó en su cuenta de Facebook que el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares y su fiscal Jorge Winckler Ortiz “fabricaban” delincuentes. De acuerdo con el expediente CEDH/3VG/DAP/0391/2018, Aguirre Garza denunció actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cometidos en su perjuicio cuando estaba privado de la libertad en el reclusorio de Pacho Viejo. El expediente generó la recomendación 25/2019 por los derechos humanos violados a la integridad personal en su modalidad de tortura física y psicológica, teniendo como autoridades responsables a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. En el caso de otros exservidores públicos del gobierno del priista Javier Duarte, como el propio Arturo Bermúdez, Luis Ángel Bravo o la exdirectora de investigaciones ministeriales, María del Rosario Zamora, continúan su proceso en libertad y acuden a firmar cada fin de semana.