Denuncian represión a internas de penal de San Cristóbal y exigen su liberación

Activistas denunciaron una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres indígenas reclusas en el penal 5 de San Cristóbal de Las Casas. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).-  Mujeres activistas defensoras de derechos humanos en Chiapas denunciaron una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres  indígenas reclusas en el penal  5 de San Cristóbal de Las Casas donde, al revisar expedientes y procesos penales por los que fueron sentenciadas, detectaron una actitud misógina del estado y un “cerco patriarcal” que obstruye la libertad de las mujeres presas.

Incluso denunciaron que el pasado 20 de mayo las autoridades penitenciarias reprimieron una protesta de las internas, por las violaciones a sus derechos humanos que se han agudizado durante la pandemia, lanzándoles gas.

En conferencia de prensa, la Colectiva Cereza y la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y Feminicidios en Chiapas, dieron a conocer un informe el que detallan cada una de las irregularidades que enfrentan las mujeres en Chiapas que son llevadas a prisión, muchas veces por delitos que nunca cometieron.

Mercedes Ozuna, Julieta Hernández y Patricia Aracil, de la Colectiva Cereza, denunciaron que el actual sistema de justicia penal en Chiapas reproduce procesos de criminalización de población empobrecida, indígena o migrante, funcional a las complejas estructuras de desigualdad de clase, raza y género endémicas de la sociedad y que el sistema de justicia profundiza.

Dijeron que han documentado una serie de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres internas en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Explicaron las condiciones inhumanas en las que viven las mujeres dentro del CERSS 5: La población femenil actual está compuesta por 26 mujeres, en su mayoría indígenas, madres de familia monoparental, procesadas o sentenciadas por delitos graves que no cometieron. Son mujeres víctimas de violencia estructural durante toda vida, mujeres pobres sin acceso a instrucción escolar, que por necesidad o que por ser víctimas de violencia de genero cayeron en manos de la justicia, señalaron.

La colectiva añadió que, en ese centro penitenciario, por lo menos desde hace 10 años las mujeres sólo reciben dos raquíticas comidas al día, no cuentan con personal médico ni les proporcionan medicamentos. Además, están incomunicadas a menos que paguen tarjetas telefónicas, por tanto, se afectan sus relaciones familiares y con su defensa. El gobierno no cubre a cabalidad sus necesidades básicas de alimentos, artículos de higiene o cobijas, es la familia quien tiene que cubrirlas.

Tampoco tienen acceso a agua potable con lo que se afecta su derecho a la salud. Ellas deben cubrir el costo del gas si quieren cocinar, cosa que es preferible puesto que las condiciones de higiene y cocción de la comida ya elaborada que les proporcionan es “pésima”.

La pandemia agravó la situación  

En el contexto de la emergencia sanitaria se agravaron las condiciones en las que viven las mujeres internas en el CERSS No. 5. Las medidas que ha tomado la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y de Medidas de Seguridad, encargada de la administración de los centros penitenciarios, se ha limitado a prohibirles las visitas a las mujeres, cosa que las priva del acceso a los recursos más elementales.

Las reclusas denunciaron que las autoridades penitenciarias reprimieron sun inconformidad lanzándoles gas. Foto: Especial

Las mujeres del colectivo narraron que el pasado 20 de mayo, la población femenil del CERSS 5 San Cristóbal de las Casas denunció que estuvo cuatro días sin línea telefónica. Las mujeres presas exigían poder tener comunicación con sus familiares y no les hacían caso, por ello y ante la desesperación del doble aislamiento motivado por el mal manejo de la crisis sanitaria, optaron por manifestar su inconformidad.

En respuesta, las autoridades penitenciarias reaccionaron reprimiéndolas con un gas tóxico que rociaron hasta en el interior de las celdas donde se hallaban las mujeres, incluida Marisela con su bebe de dos meses y medio, y Hermila de 65 años de edad con diabetes y asma. Las mujeres quedaron con problemas respiratorios, dolor de cabeza, quemaduras en rostro y manos o irritación en los ojos por el efecto del gas.

Las mujeres interpusieron una queja por estos agravios y si bien el director fue cesado ya se su cargo, la situación es crítica.

Todo ello a pesar de que la defensoría pública y los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de vigilar la protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad.

Dijeron que en los centros penitenciarios están empleando criterios innecesarios y desproporcionados contra personas en situación de vulnerabilidad como las mujeres privadas de libertad que, además, son en su mayoría indígenas.

Entre otros reclamos, las mujeres activistas pidieron que se garantice el derecho a una alimentación saludable y nutritiva, a un espacio adecuado y digno para que puedan desplazarse y puedan ser visitadas y tener espacios privados para quienes tiene pareja; contar con espacio de esparcimiento, derecho a la educación, y garantizar la comunicación ágil y oportuna de las reclusas con sus familiares y con su defensa.

También demandaron atención médica permanente, adecuada e integral y con perspectiva de género que cumpla los protocolos de atención ante la actual situación de riesgo que están viviendo. Y solicitaron que se investigue y sancione a las autoridades que ordenaron la acción represiva el pasado 20 de mayo.

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