Diputados exigen la renuncia del gobernador de Colima y su secretario de Gobierno

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Foto: Twitter @nachoperaltacol El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Foto: Twitter @nachoperaltacol

COLIMA, Col. (apro).- Legisladores locales exigieron al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, que si no pueden con la responsabilidad de garantizar la seguridad a la población, presenten su renuncia o soliciten licencia al cargo.

Lo anterior, durante la comparecencia virtual de ambos funcionarios ante el Poder Legislativo para explicar las circunstancias que motivaron el envío de 10 policías estatales, sin uniformes ni vehículos oficiales, a escoltar a empresarios que visitarían el estado de Jalisco, cuyo desenlace fue la privación de la libertad y asesinato de siete elementos; tres lograron regresar con vida.

Aunque también estaba convocado el secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, no acudió a la reunión porque momentos antes presentó su renuncia al puesto.

Sobre el contenido de la comparecencia, que se desarrolló de manera privada, sólo se conocieron las versiones incluidas en los respectivos comunicados que emitieron tanto el Congreso como el gobierno estatal.

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Según el comunicado del Congreso local, entre las diputadas y diputados que pidieron la separación del cargo del mandatario y del secretario de Gobierno se encuentran Arturo García Arias; Claudia Aguirre Luna; el coordinador de la fracción de Morena, Vladimir Parra Barragán, y la presidenta del Congreso, Araceli García Muro.

En varias de sus intervenciones el gobernador prácticamente se lavó las manos al afirmar que la decisión de enviar a los policías a escoltar a los empresarios fue tomada por el propio secretario de Seguridad Pública, sin consultarle, motivo por el cual le perdió la confianza y decidió aceptarle la renuncia.

En ninguno de los dos comunicados se señala que el mandatario se pronunciara sobre la petición de licencia, pero sí se mencionó que el secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa, lamentó que los legisladores “optaron en la comparecencia por aspectos políticos que en nada contribuyen a solucionar el tema de la inseguridad.”

E instó: “No politicemos la seguridad, mejor trabajemos en conjunto Congreso del estado, municipios, gobierno federal y gobierno del estado”.

Antes de iniciar la comparecencia, el gobernador informó que participarían sólo él y el secretario de Gobierno, porque el coronel Enrique Sanmiguel Sánchez presentó por la mañana su renuncia irrevocable como secretario de Seguridad Pública, en solidaridad con las familias de los policías asesinados y para ponerse a disposición de las investigaciones, pero envió un texto sobre los hechos para ser leído por Arnoldo Ochoa ante los legisladores.

La diputada morenista Blanca Livier Rodríguez Osorio, presidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, lamentó la desaparición de 10 policías estatales, de los cuales siete fueron lamentablemente asesinados y desmembrados, por lo que estimó que la ausencia del secretario de Seguridad Pública causa aún más indignación.

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A su vez, Martha Meza Oregón, titular de la Comisión de Seguridad Pública, solicitó al gobernador que independientemente del seguro de vida que tengan los policías, el gobierno proporcione una pensión de por vida a sus familiares y no queden desamparados.

Tras expresar su confianza en que la Fiscalía General del estado e instituciones investigadoras esclarecerán los hechos, Peralta indicó que se dará todo el apoyo a los familiares de los policías y añadió que no le corresponde explicar qué fue lo que pasó, porque las investigaciones están en curso.

Refirió que se enteró del asunto por una llamada del ahora exsecretario de Seguridad, cuando los elementos ya habían desaparecido en el cumplimiento de una comisión que se les ordenó en el estado de Jalisco, derivada de un oficio de petición enviado por los empresarios.

Ante la pregunta de un legislador, Peralta precisó que el documento mediante el que fue solicitado el apoyo policiaco está fechado el 26 de mayo, firmado por Ricardo Martínez Alfaro, del Grupo Acerero del Norte, quien indicó que asistirían directivos y cuerpo técnico de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte a visitas de campo.

“Se establece con mucha claridad que las visitas son de origen técnico y son continuación a negociación con empresas de minería en el occidente de México, apoyándose en el puerto de Manzanillo, en beneficio de mineral y embarque, lo cual implica inversiones importantes en el estado de Colima y la consecuente generación de empleos para muchos colimenses”, refirió el gobernador, según el comunicado del Congreso.

Aunque el oficio iba dirigido a él mismo, Ignacio Peralta aseveró que fue enviado por su secretario particular al titular de la SSP para valorar si se apoyaba a los empresarios, quien lo valoró y tomó la decisión de apoyarlos, sin ser informado el gobernador, hasta que se reportó la desaparición de los policías y particulares.

En el boletín del gobierno estatal consta que el jefe del Ejecutivo reconoció que “si bien en una primera ocasión hubo una petición de apoyo por parte de los empresarios, de la que el gobernador sí estuvo enterado, pidió al secretario de Seguridad Pública la atendiera para que conforme a la normatividad vigente tomara una definición; sin embargo, en las demás peticiones el entonces titular de Seguridad Pública ya no le enteró”.

La diputada Araceli García consideró muy lamentable la renuncia de Enrique Sanmiguel, pues “más que un acto de solidaridad, es un acto de cobardía”, en tanto que la legisladora Livier Rodríguez expresó que “estamos en un estado fallido en Colima, ya no sólo desaparecen ciudadanas y ciudadanos, profesores, ciclistas, jóvenes, etcétera, ahora también desaparecen la diputada y policías. ¿Qué nos espera a los ciudadanos?”.

La diputada Claudia Aguirre preguntó por qué se envió a los policías estatales en vehículos no identificados con las insignias del gobierno estatal, a lo que el gobernador respondió que esa fue una decisión que se tomó en la SSP, y el fundamento es responsabilidad de quien tomó la determinación.

En su oportunidad, Araceli García recordó que el exsecretario de Seguridad Pública ha estado implicado antes en casos en los que ya se había exigido su renuncia, como cuando agentes de la corporación hirieron a un adolescente a quien dejaron imposibilitado para caminar, entre otros, por lo que consideró que es responsabilidad del propio gobernador no haber actuado en su momento.

Peralta Sánchez señaló que se aplicará toda la fuerza de la ley del estado para esclarecer esos casos e indicó que el hecho de haber aceptado su renuncia no afecta para que se siga la investigación y, en caso de que Sanmiguel sea responsable, se actué.

“Él está a disposición de la autoridad y así lo establece en su renuncia, para que se le investigue como un ciudadano común y corriente”, apuntó.

El diputado Vladimir Parra subrayó que al ser el cuarto secretario de Seguridad Pública que renuncia en esta administración, no es un tema sólo de los secretarios, sino de los responsables de la política de seguridad, quienes son el propio gobernador y el secretario general de Gobierno, y estimó que es momento de que haya acciones contundentes de fondo en el estado para recuperar la paz.

“No es posible que no haya patrullas y seguridad para la gente y haya elementos cuidando a exgobernadores; queremos saber cuántos servicios privados se dan, a quienes y a cuáles empresas, cuánto se recauda de ello y por qué se privilegia a los privados antes que a la gente”, soltó.

El secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, dio lectura al escrito enviado por el exsecretario de Seguridad Pública, quien coincidió en la versión del gobernador y aceptó que fue él quien consideró viable brindar a los empresarios seguridad perimetral, pero expuso de manera expresa que los siete policías “cobardemente fueron ejecutados” por la delincuencia organizada.

El diputado panista Fernando Antero consideró importante que más allá de los lamentables hechos, la investigación no sólo sea para los responsables sino también para funcionarios inmersos en una posible responsabilidad.

Ignacio Peralta reconoció que la situación es muy grave, no sólo por lo que pasó con los policías; todos los días en toda la geografía nacional hay tragedias para todos los mexicanos y este tema debe atenderse con la mayor seriedad, concluyó.

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