Prescindir de especialistas en la edificación de habitaciones populares, como lo sugirió el presidente López Obrador para que el dinero rinda a los más necesitados, resultaría a todas luces contraproducente. Durante el terremoto de septiembre de 2017, casas y escuelas donde no participaron expertos fueron las más dañadas en todo el país, atestiguan alarmados ingenieros sísmicos y estructuralistas, cuyas asociaciones se dicen marginadas innecesariamente. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). - Ubicado en un territorio con fallas geológicas y regiones potencialmente sísmicas, México ocupa el quinto lugar de los países con mayores riesgos frente a los efectos devastadores de estos fenómenos. De ahí que arquitectos, investigadores, académicos, ingenieros y otros expertos, miembros de las sociedades mexicanas de Ingeniería Estructural, AC (SMIE) y de Ingeniería Sísmica (SMIS) encendieran las luces de alerta cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la entrega de créditos para la construcción de viviendas directamente a los beneficiarios para que, sin inmobiliarias u otros intermediarios, contraten al ingeniero o “maestro de obra” y así les rinda más el monto. A juicio de López Obrador, en la construcción de zonas habitacionales hay mala experiencia y mucha corrupción, se construía mal, en cerros, barrancas y otros lugares inaccesibles, “huevitos de 30 metros cuadrados”, y por eso están abandonados 650 mil departamentos. En su matutina del viernes 22 de mayo, aseguró que ahora se busca favorecer a los más pobres, y con ello beneficiar a todos, incluso a empresas. Pero los expertos consideran que esa postura alienta la autoconstrucción y desestima el conocimiento y asesoría técnica de ingenieros sísmicos, estructuristas, civiles y arquitectos. En la conferencia, el titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, informó que entre abril y mayo se han entregado 45 mil 914 créditos, y se han “dispersado 23 mil 517 millones de pesos en la economía”. La meta es entregar 500 mil créditos en 2020. El presidente dijo que inicialmente se otorgará un monto de 125 mil pesos, que reconoce como poco, pero “si ya tienen su terrenito” y lo manejan “con honradez”, se irá aumentando. Se debe señalar que la concepción de vivienda social se remonta a mediados del siglo XX, cuando en México, principalmente en la capital, se impulsó la creación de multifamiliares como el Miguel Alemán (con diseño de Mario Pani), la Unidad Independencia (Alejandro Prieto y José María Gutiérrez) y la Unidad Habitacional Tlatelolco (el mismo Pani). Inicialmente participaron empresas como Ingenieros Civiles Asociados (ICA), y hacia finales del siglo fue el negocio para desarrolladores como Urbi, Geo, Ara, Sare y Demex, que crecieron en los sexenios panistas; algunas de ellas quebraron y fueron rescatadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto (Proceso, 1952). En entrevistas por separado, vía correo electrónico, los ingenieros civiles Amador Terán Gilmore y Édgar Tapia Hernández coinciden en que el trabajo de los especialistas en el campo de la construcción, la ingeniería estructural y sísmica se ha encaminado en las últimas décadas a la investigación, conocimiento y prácticas que contribuyan a formar una sociedad mejor preparada frente a los desastres naturales. En sendas cartas publicadas en sus sitios web, las sociedades a las cuales pertenecen señalan que, durante los sismos de septiembre de 2017, las construcciones colapsadas o con daños más graves correspondieron a las de autoconstrucción de viviendas y escuelas en los estados de Chiapas, México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Puebla, por lo cual se consideran “obligados a hacer un llamado enfático a evitar la autoconstrucción”. El texto completo de este reportaje forma parte del número 2274 de la edición impresa de Proceso, publicado el 31 de mayo de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí