CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la crisis anunciada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), debido a la reducción de 75% de su presupuesto operativo, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertaron sobre los riesgos de que se incremente la vulnerabilidad de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el contexto de la contingencia sanitaria. Luego de que la comisionada presidenta de la CEAV, Mara Gómez, informó el pasado lunes 1 sobre el recorte presupuestal ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a raíz de las medidas de austeridad anunciadas en el decreto presidencial del 23 de abril, la CNDH advirtió que el organismo “tendería más bien a desaparecer”. Consideró que, con las contracciones presupuestarias anunciadas, “el fin para el que fue creada la CEAV dejaría de estarse cumpliendo, pues ante las medidas que serán tomadas se estaría abandonando prácticamente la atención a las víctimas”. Tras señalar que la CNDH tiene en trámite 287 recomendaciones por violaciones ordinarias o graves que están pendientes de atenderse, y la contracción de sus fondos afectará el cumplimiento de las mismas, el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra trasladó la responsabilidad del recorte presupuestario a la CEAV, omitiendo que fue decisión de la SHCP. “Con el respeto que nos merece la CEAV y las decisiones de sus autoridades, la CNDH considera que con las medidas anunciadas se estaría violentando el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Mexicanos”, relacionado con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y señaló que hay casos pendientes de reparación que no ha atendido la CEAV, “como es el caso de la recomendación 26/2001 ‘Guerra Sucia’, el cual lleva en trámite más de 19 años, sin haberse reparado el daño a las víctimas”. No obstante, la CEAV se creó en 2014, 13 años después de la recomendación mencionada. En el último párrafo del comunicado, la CNDH exhortó “a las autoridades hacendarias y de la propia CEAV para que se revisen las medidas de austeridad anunciadas, que aun cuando son indispensables, se hagan con el criterio de tomar en cuenta principalmente a las víctimas, independientemente de las medidas que para su funcionamiento administrativo sea preciso limitar”. Por su lado, organizaciones civiles y víctimas de derechos humanos coincidieron en que la crisis financiera en que se ha colocado a la CEAV es un reflejo de que “el gobierno mexicano continúa sin establecer como una prioridad de Estado el tema de atención a las víctimas”, y con la reducción del 75% del presupuesto de la institución federal para personal, abundaron, “el gobierno parece desconocer la relevancia y la necesidad de contar con una estructura institucional que garantice efectivamente los derechos de las víctimas”. En un pronunciamiento, los firmantes destacaron “la ausencia de información clara, precisa y actualizada sobre la situación financiera de la CEAV”, pues mientras la dependencia habla del recorte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, Arturo Herrera y Olga Sánchez Cordero, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, han sostenido que no se desatenderá a las víctimas, pero la contracción presupuestal se mantiene. Por ello, desde la sociedad civil se pidió a la SHCP que “garantice la suficiencia presupuestal para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva y otorgue recursos específicos que le permitan cumplir con sus obligaciones conforme a la Ley General de Víctimas”. Las organizaciones recordaron que desde 2017 está pendiente la emisión de un reglamento interno de la CEAV, institución que se ha distinguido por años por “su ineficiencia, apatía, burocracia y opacidad”, además de “carecer de espacios de consulta y participación de la sociedad civil, colectivos de víctimas, y víctimas”. Por ello, solicitaron a la CEAV que dé a conocer un diagnóstico sobre su situación operativa y financiera, una propuesta de plan de trabajo para superar “la falta de reglamento, la ausencia de un modelo de atención integral a víctima y las irregularidades en el uso de los recursos financieros”, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas “que contribuyan al uso eficiente de sus recursos para mejorar el desempeño de la institución”. Tras señalar que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) no opera desde 2014, pese a estar obligado por ley a sesionar cada seis meses, las organizaciones urgieron al presidente López Obrador a convocar al pleno “para avanzar en la construcción de una verdadera política integral de atención a víctimas y con ello cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano”. El comunicado fue firmado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, Red Nacional de Peritos/as y Expertos Independientes contra la Tortura, Colectivo Liquidámbar, y 27 sobrevivientes de tortura, sus familiares y víctimas de desplazamiento forzado.