CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Médicos legistas privados y, al menos un funcionario público, son investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por su presunta participación en una red de “coyotaje”, venta y alteración de certificados de defunción, en medio de la emergencia sanitaria por covid-19 en la capital, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En videoconferencia, explicó que, de acuerdo con el informe que le dio la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), la investigación comenzó con los operativos hechos para acabar con el “coyotaje” y cobro irregular de actas de defunción durante la emergencia sanitaria. “Había algunos médicos, sobre todo privados, que estaban involucrados en este cobro de servicios. Lo que hicieron fue lo correcto, al presentar la denuncia ante el Ministerio Público contra una persona que probablemente está involucrada dentro del gobierno de la ciudad y que la Fiscalía haga la investigación y se sancione todo lo que se tenga que sancionar”, dijo. La mandataria local recordó que su gobierno facilita “toda la tramitología” necesaria en caso de muerte confirmada o sospechosa por Covid-19 y que el “trámite es absolutamente gratuito para que la gente no tenga que recurrir a un tercero”. Y agregó que la Consejería Jurídica -de la que depende el Registro Civil-; y las Secretarías de Gobierno y Seguridad Pública trabajan en medidas para evitar este tipo de corrupción. De acuerdo con reportes de la FGJ-CDMX, se investiga la alteración de, por lo menos, 500 actas de defunción de personas que murieron en sus casas, probablemente por Covid-19, pero en el documento dice que fue por insuficiencia respiratoria, neumonía atípica o viral. La autoridad identificó al menos a 10 médicos legistas –algunos presuntamente pertenecientes a la Agencia de Protección Sanitaria- como presuntos responsables de emitir actas sin acudir a los domicilios a comprobar la defunción y sus causas. Por lo pronto, tiene identificados y bajo investigación a tres galenos: Víctor “N”, Eunice “N” y Mayra “N”. La indagatoria comenzó por una denuncia que interpuso la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX cuando se dio cuenta del robo de 500 actas en enero pasado y cuyos folios comenzaron a aparecer en desorden y con irregularidades en el llenado de los datos.