En Chihuahua, una de las tres entidades que forman el Triángulo Dorado del Narcotráfico, los cárteles de Juárez y Sinaloa, con sus respectivos aliados, se disputan el negocio de la tala de árboles. Llevan meses haciéndolo, sobre todo desde que la mariguana dejó de ser su principal fuente de ingresos. En entrevista con Proceso el fiscal del estado, César Augusto Peniche, relata cómo las organizaciones criminales diversificaron sus actividades –con millonarias ganancias– y tienen sometidas a las comunidades indígenas. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El cultivo de mariguana se reduce paulatinamente en los estados del Triángulo Dorado del Narcotráfico: Sinaloa, Durango y Chihuahua. Hoy, la producción y comercialización de estupefacientes resultan menos rentables para los cárteles de Juárez y el de Sinaloa debido a la formalización de la industria de esa droga en varias entidades de Estados Unidos. Y aun cuando algunos adictos aún consumen mariguana, sobre todo de Chihuahua, la fuerte incursión de la droga sintética como el cristal le resta clientes a los cárteles, cuyos integrantes llevan dos años disputándose el control de la tala de árboles y el comercio ilegal de madera. De manera informal, las organizaciones criminales instalaron sus propios aserraderos y, bajo amenazas de muerte, obligan a ejidatarios a entregarles la madera en rollo, al tiempo que cooptan a los dueños de aserraderos establecidos para obtener ganancias millonarias que las autoridades de Chihuahua no han logrado calcular. De acuerdo con peritajes oficiales, un camión que traslada 60 troncos deja a la delincuencia organizada más de 300 mil pesos. Por lo general ellos no invierten nada porque los vehículos son robados. El titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGECH), César Augusto Peniche, revela a Proceso que el acaparamiento del mercado de la madera es uno de los factores que incrementó los enfrentamientos entre los dos cárteles, que ha dejado cientos de muertos y heridos en los últimos meses. En junio de 2018 se registró un primer indicio de lo que venía: A la una de la mañana del 24 de ese mes, en el pueblo La Gloria, habitado por rarámuris, se escuchó el sonido de motosierras, acompañado por disparos que venían del bosque. Nadie se acercó a la zona por miedo. Los lugareños sabían que el causante de ese alboroto era Jesús Proaño, quien desde un mes atrás entraba durante la noche a talar árboles al predio Río Verde, propiedad de la familia Cruz Cruz. Lo hacía sin permiso. A la mañana siguiente Proaño se presentó en la casa de los Cruz y los amenazó con “matar a la familia” si presentaba una denuncia contra él, señala una de las hermanas Cruz en la querella presentada ante la FGECH. Otro vecino declaró: “Andaba en la siembra cuando vi que Proaño, ayudado por varios hombres –uno de ellos era Alfredo Ayala Bustillos– talaban más árboles en el predio de los Cruz. Les dije que esos pinos tenían dueño. Proaño me amenazó: ‘Yo nomas sigo órdenes. Si la haces de pedo vamos a matar a todos los del pueblo’. Esa noche la gente de Proaño sacó otros seis camiones con madera. Según el reporte del perito, los troncos median más de 22 metros y tenían hasta 70 centímetros de diámetro. Un camión con 30 troncos de madera de pino alcanza un precio de 150 mil pesos antes de llegar al aserradero.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2275 de la revista Proceso, ya en circulación.