CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Colectivo de la sociedad civil exigió la inmediata liberación de la defensora guerrerense Kenia Hernández Montalván, detenida el sábado 6, acusada del supuesto robo de 500 pesos en las inmediaciones de la caseta de San Cristóbal, Ecatepec, en el Estado de México, en hechos presuntamente ocurridos el 19 de marzo. Hernández, dirigente del colectivo Zapata Vive, es beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, y habría sido detenida sin que se le mostrara una orden de aprehensión, señalaron en conferencia de prensa representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG). Además, durante el reconocimiento facial por parte de las personas que la acusaron, no se presentaron pruebas suficientes de que Kenia hubiera estado en el lugar donde ocurrieron los hechos. Para los activistas Gloria Flores, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos; Javier Romero, del colectivo Zapata Vive, y Juan Antonio López, de Pro DESC, la detención de Hernández Montalván ocurre en “un contexto de represión y detenciones a otras personas que participan en luchas sociales, como Claudia Hernández, defensora de tierra y territorio en San Luis Potosí, y Susana Prieto Terrazas, pieza clave en la lucha obrera en la frontera norte del país”, así como a activistas de Jalisco, lo que se traduce en “un actuar sistemático que apunta a mermar la lucha social”. Tras destacar que este jueves se realizará la audiencia judicial para determinar la situación jurídica de Hernández Montalván, los representantes de ONG denunciaron que la detención se respaldó con información proporcionada por la empresa Concesionaria Mexiquense (Conmex), que forma parte del Grupo OHL, encargada de la administración de peaje carretero. [embed]https://www.proceso.com.mx/633467/cndh-y-ong-salen-en-defensa-de-la-activista-kenia-hernandez-montalvan-detenida-el-sabado[/embed] Según información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa de Hernández Montalván, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México incluyó en la denuncia contra la defensora un documento en el que la empresa “detalla el perfil personal y político de la luchadora y defensora feminista”. En el documento utilizado para incriminar a Hernández “se detallan datos como su nombre, municipio de origen, estado de residencia, domicilio, fecha de nacimiento, edad, RFC, CURP, clave de credencial de elector y cédula profesional”, así como “una lista de vínculos con movimientos y organizaciones sociales, afinidad política y antecedentes políticos y laborales, que sólo pudieron ser obtenidos bajo espionaje o intervención de sus comunicaciones”. Además de la acusación por el robo de 500 pesos, la empresa Conmex había presentado una denuncia contra Hernández el 5 de mayo, “por ataques a las vías de comunicación y daño a bienes, pero de la que no se contaba con pruebas”. Al considerar grave la utilización de información presuntamente generada por el “espionaje” de la empresa Conmex, para acusar a la activista guerrerense, los defensores consideraron que si este jueves se decreta la prisión preventiva para Hernández Montalván, “quedará constancia de que, una vez más, el aparato de justicia del Estado de México funciona como un títere de intereses de empresas privadas que buscan criminalizar la lucha y protesta social, y que los gobiernos estatal y federal actuaron de forma cómplice hasta consumar la persecución de Kenia”. Los defensores anunciaron la conformación de una campaña para exigir la liberación de Kenia Hernández, en la que estarían participando unas 500 personas, organizaciones, movimientos y colectivas.