CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El paro parcial en sede judicial se ha extendido por ahora hasta el 30 de junio. Eso brinda una oportunidad para alentar cambios en las formas en las que buscamos acceso a la justicia, para transitar hacia los juicios en línea. Conocer la realidad permitirá valorar si ello contribuye a democratizar ese acceso, o por el contrario, si lo “gentrifica”. Pero a esa cuestión no se dedica este espacio, sino a otra ausencia. Los juzgados cuya ausencia se nota cada día un poco más son los especializados en materia ambiental. Hace siete años quedó establecido en un artículo transitorio que acompañó la publicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que debían instaurarse juzgados de distrito con esa especialidad en un plazo máximo de dos años. Y si bien es cierto que se dio la opción de no crear nuevos órganos jurisdiccionales, me parece que ha llegado el momento de decidir hacerlo, no solo porque ya debería contarse con el personal judicial suficientemente capacitado en tal especialidad ambiental, sino porque cada día son más los juicios en la materia. Al menos desde mi experiencia profesional, estoy convencido de la importancia y conveniencia de contar con esos juzgados de distrito que conozcan de los juicios de amparo que puedan presentarse para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente sano –que sería solo una de las competencias de esos órganos especializados–. Bajo esa óptica, me parece que el esfuerzo del Consejo de la Judicatura Federal, plasmado en su acuerdo general 27/2015, limitado a que hasta que se instalaran los juzgados especializados en materia ambiental en todos los circuitos judiciales, se confiara en los juzgados de distrito mixtos, especializados y semiespecializados para conocer juicios administrativos, para atender los asuntos ambientales a los que se refiere solo aquella Ley Federal, se está quedando corto. Además, tengo la impresión de que esta apreciación podría ser compartida, no solo por las personas, colectivos y comunidades que se dedican a la defensa de causas medioambientales, o por un sector de mi gremio profesional, sino incluso desde el Congreso; como lo evidencia que hace tres años, en 2017, se promoviera un punto de acuerdo para exhortar al Consejo a crear los juzgados especializados. En cualquier caso, opino que la ausencia de la que escribo me da para ejemplificar un tema más que podría tratarse al revisar la iniciativa de reforma judicial de hace unos meses. Una reforma del Poder Judicial, “con y para la gente”, se vería enriquecida si se aprovecha para instaurar órganos judiciales especializados en materia ambiental. Mientras tanto, la defensa judicial de causas medioambientales debe continuar en los juzgados y los tribunales con los que contamos actualmente. Que existan avances en ciertos precedentes fallados por nuestra Suprema Corte tampoco es menor, pues de hecho, ante la ausencia de juzgados de distrito en materia ambiental, lo mínimo que puede esperarse –y exigirse– es que a quienes toque resolver juicios en materia ambiental, especialmente si son amparos en los que se plantea la defensa del derecho a un medio ambiente sano, les guíen los criterios más progresistas que puedan hallarse en las sentencias de nuestra Corte. Son varias las oportunidades que a la fecha existen en sede judicial, como son los cuestionamientos al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, los temas de calidad del aire, los de cuidado de los recursos hídricos, o la revisión de toda la política energética de la actual administración. Todas esas causas, y muchas más para mí desconocidas, son incipientes ejemplos de una búsqueda de justicia climática más que necesaria ante la crisis climática que vivimos. Lo cual debería justificar de sobra la necesidad de instaurar los juzgados especializados en materia ambiental, pues casos de transición energética o cambio climático no abundan ni en la Corte. Entre tanto, no pierdo esperanzas de que con los juzgados que tenemos se pueda garantizar el derecho a un medio ambiente sano con suficiencia. Ya me tocará averiguarlo en el juicio que cuestiona la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía, pues aunque lo esté llevando un juzgado especializado en materia de competencia económica, se tiene el deber de asegurar los principios ambientales. Te recomendamos: Indignación originaria