CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que el “electrolinazo” (el aumento entre 500 y 900% en los cargos por el servicio de transmisión de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad) “perjudica a la economía nacional y el diálogo constructivo entre el sector empresarial y el gobierno”. En tal sentido, el organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín repudió que el gobierno federal y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) “hayan ignorado tanto la Ley de la Industria Eléctrica como nuestro llamado a revocar el acuerdo de la CRE para incrementar los costos de la electricidad, de acuerdo con las exigencias de la CFE”. En un comunicado, la cúpula empresarial precisó que, siguiendo el camino empleado para desvirtuar los Certificados de Energía Limpia y adoptar acuerdos y políticas a modo, las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. No sólo eso, también acusó de “atropellar” la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales que delimitan y reconocen el modelo de autoabastecimiento y sus mecanismos para establecer las tarifas de porteo. El CCE insistió que el sector productivo del país, industrial y comercial, será el primero en recibir el impacto directo del aumento. [embed]https://www.proceso.com.mx/633847/electrolinazo-de-la-cfe-incrementa-el-costo-final-de-la-energia-consumida-concamin[/embed] “Los nuevos cargos de CFE ponen en riesgo la capacidad de las empresas para sostener a toda su plantilla laboral (incluidos sueldos y salarios), como lo han hecho durante la crisis económica causada por la pandemia de covid-19, que debilitó las finanzas de todos”, acotó. A decir de Salazar Lomelín, el aumento en el porteo se da en un contexto de opacidad, ya que está basado en una resolución que aprobó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el pasado 28 de mayo, que al día de hoy no es pública. Además, esta resolución no siguió el proceso de consulta pública y análisis costo-beneficio que ordena la Ley Federal de Mejora Regulatoria, previo a aplicar los cambios regulatorios. La resolución de la CRE, según en CCE, sigue la pauta marcada por CFE, que en un pliego petitorio exigió realizar éste y otros cambios al órgano regulador y a la Secretaría de Energía, que se han ido materializando desde el año pasado.