PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos denunciaron que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta violentó “el interés superior de la niñez”, protegido por la Constitución, al trasladar a un área del penal de San Miguel a jóvenes que se encontraban en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA). En rueda de prensa virtual, 22 organizaciones encabezadas por Pro-Niñez, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Justicia Juvenil Internacional México y Servicios a la Juventud, demandaron un diálogo con el gobierno estatal para “restaurar la legalidad” y que los adolescentes afectados sean retornados al CIEPA, actualmente usado por el gobierno de Barbosa como reclusorio Covid. Especialistas y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reprobaron ese operativo de traslado, al advertir que el gobierno estatal no actuó conforme al artículo 4º constitucional, y el 37 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. También expusieron que la actuación del gobierno estatal fue contraria a lo establecido en los artículos 49, 57, 212 y 213 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) y la Observación General No. 24 del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El pasado 25 de mayo, el gobernador anunció que, con el objetivo de evitar contagios en reclusorios del estado, las personas adultas privadas de la libertad con síntomas de covid -19 serían alojadas en el CIEPA, por lo que el 29 de mayo 12 adolescentes fueron trasladados a un anexo del reclusorio para adultos San Miguel, en esta capital. En un pronunciamiento, los representantes de las organizaciones indicaron que ese traslado involuntario, según el artículo 49 de la LNSIJPA, sólo podría justificarse en caso de riesgo objetivo para la integridad de los jóvenes internos o la seguridad del Centro de Internamiento. “El supuesto en que se dio el traslado de los adolescentes al Cereso de San Miguel no corresponde a ninguno de los anteriormente mencionados, ya que ni la integridad de las personas adolescentes ni el CIEPA se encontraban en peligro. “Los motivos del traslado expresados de manera pública por el gobierno de Puebla fueron basados en la necesidad de evitar contagios en el reclusorio de personas adultas, colocando así el interés de los adultos sobre el interés superior de la niñez, violentando el artículo 4º constitucional de cumplimiento obligatorio a todas las autoridades mexicanas”, subrayaron. En tal sentido, exigieron restaurar la legalidad y protección de las personas adolescentes regresándolas al CIEPA para continuar su programa, a través de un plan de trabajo acompañado del SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) y organizaciones sociales. Alejandra Acevedo, de Pro Niñez, mencionó que lo más importante para las organizaciones es establecer una mesa de diálogo, pues hasta ahora se desconocen las condiciones en las que se dio el traslado y, por lo mismo, no se tienen informes sobre cómo se encuentran ahora los adolescentes afectados. Karina Álvarez, de la asociación civil “Servicios a la Juventud”, explicó que el anexo al que fueron enviados estaba siendo diseñado para los infantes, hijos de internas del penal, de manera que no tiene condiciones para la estancia de los adolescentes y para su reinserción social. En tanto, Sarahí García, de Justicia Juvenil Internacional, aclaró que el reclamo de las organizaciones no se enfoca sobre si las instalaciones a las que fueron enviados son adecuadas, sino en la forma en la que se realizó el traslado y que se hizo a un penal de adultos, sin espacios especializados y sin que se escuchara a los propios jóvenes y a sus familiares. Sofía Cobo, consultora especialista en el tema de justicia para adolescentes, sostuvo que al trasladar a los adolescentes se violó el artículo 212 de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues el centro de internamiento debió realizar tantas audiencias como traslados ante el órgano competente del poder judicial. También mencionó que el CIEPA, usado como reclusorio Covid por el gobierno del estado, está ubicado entre las instituciones Casa de la Niñez y Casa Ángeles, por lo que llevar a presos adultos a ese lugar pone en riesgo a los niños y niñas que se encuentran en esos dos espacios. Juan Martín, director ejecutivo de la Redim, manifestó que la información ahora disponible sobre este traslado “es parcial y opaca” y no descarta que pudo haberse hecho con “buena intención”. “Pero no puedes tener buenas intenciones desconociendo o violando la ley, y por ello la exigencia de retorno inmediato a la restauración de la legalidad, retorno inmediato de las personas adolescentes a sus espacios y entonces planificar los siguientes pasos”, expresó. El especialista adelantó que las organizaciones defensoras de los derechos de menores o la Procuraduría de Atención de Niñez del estado podría alegar “interés legítimo” para recurrir a amparos en protección de los jóvenes y sus familias, que se encuentran ahora en condiciones de vulnerabilidad. En un pronunciamiento, los firmantes pidieron elaborar un estudio en conjunto sobre las consecuencias que implicó este traslado de los adolescentes al anexo del penal y los posibles efectos que pueda ocasionar en su vida futura, a fin de diseñar las estrategias de apoyo y restitución de derechos para revertir el posible daño. Otras asociaciones civiles firmantes son “Fundación Reintegra IAP”; Colectivo Algaraza; Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA, Yucatán); Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.; Fundación CEILI; Colectivo por los DH de NNA; Instituto Sapientia Regis; y Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Odennap).