OAXACA, Oax. (apro).- En lo que va del gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa se han registrado 800 desapariciones de mujeres. De ese total, en 2020 se han denunciado 118 casos, según datos de organizaciones y colectivos de búsqueda. Servicio para una Educación Alternativa y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad manifestaron su preocupación por que 60% de los casos de desaparición de mujeres, este año, han ocurrido durante el periodo de contingencia por la pandemia de covid-19. La falta de observancia obligatoria por parte del gobierno de Alejandro Murat, subrayaron, representa una violación a los derechos humanos de las víctimas de desaparición y sus familias. Si bien se trata de una problemática urgente para el gobernador, a la fecha no hay avances en las investigaciones, y tampoco ha enviado la terna para elegir al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, como lo establece la Ley en Materia de Desaparición Forzada, aprobada desde hace seis meses en la entidad. De acuerdo con las organizaciones, en Oaxaca no sólo va en aumento el número de feminicidios, sino también la desaparición de mujeres, pues en lo que va del gobierno de Murat Hinojosa se registran ya 800 casos, que se sumarían a las 500 desaparecidas en la entidad desde la década de los ochenta. Con base en los registros que realiza Consorcio Oaxaca, el incremento en la desaparición de mujeres no es exclusivo de este gobierno, dado que la administración de Gabino Cué dejó un saldo de 174 a finales de su mandato. Sin embargo, lejos de erradicarse, la cifra se incrementó de manera alarmante a partir del segundo año del gobierno de Murat, alcanzando los 326 casos en 2018 y 259 un año después, mientras que en 2020 hay un registro de 118 casos. De total, más de 70% de desaparecidas se encuentran en el rango de los 12 a los 25 años de edad. En el primer año del gobierno del priista se contabilizaron 97 desapariciones. Desde 2018 a la fecha, subrayaron, cinco regiones tienen el 81% del total de casos en Oaxaca: Valles Centrales (391), Istmo (84), Papaloapan (66), Mixteca (58) y la Costa (54). A pesar de que 90% de los registros en medios locales no ofrecen datos sobre la ocupación de las víctimas, en los casos en que es posible saberlo son las estudiantes, empleadas y comerciantes quienes representan el mayor porcentaje de desaparecidas. Es decir que la mayoría se encuentran en edad escolar, en fase reproductiva y económicamente activas, entonces, ¿cuántas vidas y proyectos se desvanecen en la ruta de impunidad? ¿Cuántas víctimas indirectas dejan con su ausencia? ¿Cuánto dolor e incertidumbre letal ha provocado en sus familiares la búsqueda en vida de sus hermanas, hijas, madres, esposas, compañeras, sin que a la fecha se observen acciones del Estado para investigar los contextos en los que existe mayor riesgo de ser víctima de una desaparición? Otras preguntas que lanzaron las organizaciones son: ¿Cuál es el móvil de estos delitos? ¿Cuál es la caracterización de los presuntos agresores o cómo se lleva a cabo el seguimiento a las carpetas de investigación, sobre todo en municipios que cuentan con Alerta de Género desde 2018? Subrayaron que la Ley General de Víctimas obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno y los tres Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada, que vele por la protección de las víctimas, les proporcione ayuda, asistencia o reparación integral (LGV, 2017). Sin embargo, recalcaron, todos han fallado.