CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pandemia de covid-19 evidenció la prevalencia de “criterios rígidos y ardua burocratización” que obstaculizan la plena aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) para agilizar los procesos de liberaciones anticipadas, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A cuatro años de la promulgación de la LNEP, el organismo demandó una coordinación efectiva entre autoridades penitenciarias y jueces de ejecución penal para “su implementación integral”, toda vez que “esta norma aborda de manera armónica estándares internacionales y las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales sobre la materia”. Tras recordar que la LNEP surgió de la reforma constitucional en materia penal publicada en 2008, la CNDH dijo que hay “una dilación” para que los jueces de Ejecución Penal procesen el “otorgamiento y garantía” de libertades anticipadas. Destacó que las deficiencias en la implementación de la legislación han derivado en que no se hayan abatido “problemas estructurales añejos y que siguen siendo detectados y reflejados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que año con año publica esta CNDH”. En la edición de 2019, sostuvo, se detectó falta de personal de seguridad y custodia en 72.68% de los centros de reinserción social visitados por la CNDH; en 66.67% las actividades de capacitación eran insuficientes o inexistentes; en 62.84% las condiciones de higiene de las instalaciones eran deficientes; en 55.19% no había separación entre las personas privadas de libertad sentenciadas y procesadas, en tanto que en 51.91% había programas insuficientes para tratar los problemas de adicciones, “lo que hace inoperante lo planteado en la LNEP sobre los beneficios enfocados al tratamiento de la farmacodependencia”. De acuerdo con el diagnóstico de la CNDH, en 2019 se detectó que en 44.26% de los penales del país no había condiciones para que se presentaran quejas por violaciones a derechos humanos; en 40.44% se cometían actividades ilícitas; en 39.89 había sobrepoblación; autogobierno en 33.33%; hacinamiento en 32.24%, en tanto que en 24.04% había deficiente separación entre hombres y mujeres. “La CNDH es consciente de los retos que conlleva la garantía de los derechos establecidos en la referida Ley. Estos desafíos implican no sólo el trabajo coordinado entre niveles de gobierno y entre instituciones locales y federales, sino también dimensionar, de manera particular, las problemáticas específicas que tienen cada uno de los centros penitenciarios, tanto federales como estatales, para determinar el rumbo de la reinserción social de las personas privadas de la libertad”, puntualizó el organismo. Tras urgir al cumplimiento de la recomendación 38/2019, sobre la falta de creación de comisiones intersecretariales en el sistema penitenciario federal y en siete entidades del país, la CNDH llamó a los jueces de ejecución penal a tener a “una comprensión mayor de las problemáticas inherentes al sistema penitenciario, así como los alcances que tienen sus resoluciones, particularmente en lo que se refiere a traslados necesarios, ya que en muchos casos su invalidación termina imposibilitando la correcta administración de los centros e incluso poniendo en riesgo la seguridad de los mismos”. El organismo insistió en fortalecer la coordinación “entre la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución penal para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, e insta a visitar de manera periódica los establecimientos penitenciarios y conocer las condiciones que imperan en los mismos y si éstas son compatibles con la dignidad humana de las personas en reclusión penitenciaria, entre otros aspectos, para garantizar el derecho a una reinserción social efectiva”.